Los congresistas amigos de las Farc, miembros de la Comisión de Paz del senado, estaban exultantes, se sentían dueños del escenario. Habían citado una reunión extraordinaria para el miércoles 13, a las ocho de la mañana, y a las nueve solo habían contestado a lista las Farc (Catatumbo, Victoria Sandino, Lozada y Calarcá), la senadora de la UP, partido fundado por las Farc, Aida Avella, el “decente” petrista, Gustavo Bolívar, el senador amigo de las Farc, Iván Cepeda, el Verde y exmiembro del ELN Antonio Sanguino y el presidente de la Comisión, el inefable Roy Barreras. Pero a las nueve en punto apareció la delegación gobiernista. Llegaron las senadoras Ruby Chagui y Paloma Valencia y los senadores Carlos Meisel, Fernando Araujo, Harold Suárez, José Obdulio Gaviria y el representante a la cámara, Gabriel Santos.
El epílogo de la sesión confirma que la izquierda fue por lana y salió trasquilada. Gabriel Santos, de modo inopinado, presentó una proposición que le cambió el tono festivo y triunfalista a la bancada de las Farc y a sus aliados: pidió que la Comisión oyera a la joven Lorena Murcia, directora de la Corporación Rosa Blanca, una entidad que asocia a 1200 niñas reclutadas -secuestradas- por las Farc y sometidas a violaciones, obligadas a abortos, mantenidas cautivas; en una palabra, esclavizadas por esa banda terrorista.
A las Farc y a sus amigos no les quedó más remedio que aprobar la propuesta de Gabriel Santos. Después de toda la demagogia que han hecho los negociadores de Santos y de las Farc sobre el respeto a las víctimas, no podían negarle la palabra a Lorena. Pero la tensión se sentía en el ambiente con la misma fuerza que una onda explosiva.
Los ahora senadores, y hasta hace poco cabecillas de las Farc, Victoria Sandino y Antonio Lozada, querían fulminar con la mirada a Lorena. Seguramente a ella se le removieron todos los miedos de su infierno, cuando esas miradas, revestidas de trajes de camuflado, se convertían en torturas u ordenes de fusilamiento para miles de otras niñas que, lamentablemente, no sobrevivieron para contar su horror. Pero Lorena superó esos miedos y habló.
Dicen que el pecado es cobarde, y, sí; acobardados se vieron la señora Sandino y Lozada. Por minutos mantuvieron su mirada asesina sobre Lorena, como queriendo acallarla. Ella no se inmutó y a medida que hablaba, su soberbia -la de los terroristas de las Farc disfrazados de congresistas- se convirtió en vergüenza reprimida y, en su intimidad, en pánico. Lorena aseguró que el hoy senador Lozada, él mismo -no sus secuaces y subalternos- violó a decenas de niños reclutados.
Todos esperaron que Lozada revirara; en el lenguaje parlamentario, que pidiera una réplica. Nada. No musitó palabra. Y sus compañeros también callaron; nadie salió en su defensa. Seguramente confían en que la JEP, justicia creada y surtida por todos ellos, seguirá siendo el refugio para su impunidad.
Puede que no ocurra, que no prospere la impunidad pactada, porque Lorena Murcia, en nombre de todas sus compañeras, anunció en la sesión del senado que solicitará audiencia con el Fiscal General, doctor Néstor Humberto Martínez, competente todavía para investigar las graves denuncias sobre los delitos sexuales contra menores cometidos por los máximos responsables de las Farc y cuya impunidad se pactó en el acuerdo que creó a la JEP. Pero, recordémoslo -de ahí el pavor a las palabras de Lorena-, ese acuerdo es inane. El reclutamiento y los crímenes sexuales contra menores, son delitos de lesa humanidad, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Con base en esa norma, que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Penal Internacional impuso sendas condenas a dos criminales de guerra africanos: Charles Taylor y Thomas Lubanga, ambos hallados culpables del delito de esclavización de menores.
La exasperación de los senadores de las Farc y sus adláteres tuvo al final un episodio que desnuda el carácter amigo-enemigo -donde las Farc son el amigo y el Estado el enemigo- que históricamente se había registrado en las sesiones de la Comisión de Paz, hasta hace poco integrada exclusivamente por representantes de la extrema izquierda.
El presidente de dicha célula, el santista Roy Barreras quiso expulsar de las barras a la cabo del ejército, Paola Cardozo, quien lucía, orgullosa, su uniforme. El CD reaccionó de inmediato, le dio la bienvenida y la invitó a permanecer en el recinto. Ella es el enlace del ministerio de Defensa con el congreso y, como es de suponer, es objeto de toda suerte de maltratos por parte de las Farc que la consideran una “espía” al servicio de sus enemigos. Para el Centro Democrático, en general para el uribismo, el ejército es una institución de héroes, defensores del estado de derecho.
Publicado: marzo 14 de 2019
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