En las pasadas elecciones presidenciales, muchos votantes se quejaban porque el candidato que defendía la democracia liberal ponía en la agenda electoral el tema de Venezuela. De esta manera, se esbozaban argumentos referentes a los múltiples problemas que tiene Colombia en materia de corrupción, las diversas privaciones en términos de derechos fundamentales y servicios básicos, otros derivados de la inseguridad ciudadana y demás injusticias sociales ya conocidas en Colombia.
En este sentido, es importante tener presente que estos problemas estructurales vienen más de nuestra idiosincrasia que del diseño institucional bajo el que funciona el Estado colombiano. Somos la democracia más antigua de Latinoamérica y a pesar del afán izquierdista de desprestigiar las instituciones, el avance del país en los últimos 30 años es innegable, especialmente en los años de la seguridad democrática y la confianza inversionista.
El hecho de ser cada vez más exigentes con nuestros gobernantes en materias internas, no puede desviarnos de los temas geopolíticos que afectan directamente nuestra economía y nuestra estabilidad política. Debemos entender que un gobierno no debe dejar de lado sus políticas domésticas, pero también debe darle prioridad a estrategias supranacionales que puedan fortalecer la integración real (cooperación) en América Latina.
Por lo tanto, el régimen del país vecino era de vital importancia en ese debate: de acuerdo con las cifras reportadas por Migración Colombia (2018) más de 870.000 (ya se habla de más de 1.000.000) venezolanos han llegado a territorio colombiano, esto es, aproximadamente el 50% del total de las personas que se ven obligadas a salir del país como consecuencia de la crisis interna que cada día se agudiza en Venezuela y de los cuales el 51,2% tienen como destino Bogotá (Informe sobre la movilidad humana venezolana, 2018), no necesariamente todos los que llegan se quedan en la capital.
Así las cosas, la defensa democrática que Iván Duque como Jefe de Estado viene adelantando para contribuir al restablecimiento del orden en Venezuela resulta fundamental. El uso de los recursos diplomáticos que hasta el momento han sido empleados, se convierte en una forma de frenar la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura de Nicolás Maduro ha encarnado sin mesura alguna. Lo anterior, a partir de un abordaje de la problemática desde esfuerzos colectivos que logran alzar la voz de cientos de compatriotas y movilizar actores, recursos e ideas que buscan dar una solución integral a la situación y con ello, convertir dicho trabajo en oportunidades de mejora para Colombia. Relacionadas entre otras cosas con la informalidad laboral, el robustecimiento de la política migratoria, la cobertura en salud y educación, la seguridad ciudadana y demás ejes temáticos que requieren políticas eficientes y focalizadas.
Hay mínimos vitales que no se pueden politizar y el gobierno venezolano es la antítesis de eso. Por eso la quema de 2 camiones cargados con medicinas y alimentos que en este momento podrían salvar vidas, los contenedores que soldaron para evitar el paso de las mismas y la represión a la protesta social merecen un rechazo contundente por parte de la comunidad internacional y de todos los ciudadanos. Tenemos que rodear al presidente Duque en su tarea, una posible victoria diplomática no solo ayudaría a restablecer la democracia en la región y garantizar los derechos de los venezolanos, sino que también ayudaría a resolver varios problemas internos. Cabe resaltar que liderar este proceso en el vecino país no necesariamente implica descuidar zonas clave en nuestro territorio. La crisis en Venezuela supera las fronteras físicas y los límites ideológicos, lo cual obliga a armonizar los ejercicios de soberanía regional para buscar alternativas de solución y en el caso de Colombia, hacer que los logros obtenidos se conviertan en beneficios de doble vía.
Publicado: marzo 7 de 2019