Observada la captura del fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, en compañía del exsenador y desmovilizado del M1-9 Luis Alberto Gil, alias El Tuerto, mientras tramitaban un soborno de medio millón de dólares con el fin de entorpecer el proceso de extradición del capo del narcotráfico, alias Jesús Sántrich, se comprueba el nivel de corrupción y de degradación de ese tribunal creado para garantizar la impunidad de los terroristas de las Farc.
El hecho es sumamente grave. Mientras la presidenta de la JEP, la izquierdista Patricia Linares promueve “abrazatones” por todo el país, otros funcionarios de esa entidad están dedicados al perfeccionamiento de la impunidad para los jefes terroristas sometidos a dicho mecanismo que claramente no es de justicia.
No es extraño que en el entramado de corrupción esté involucrado alias El TuertoGil, quien es un criminal nato que empezó su carrera delictiva como terrorista del M-19, organización de la que se desmovilizó en 1991.
Los defensores de oficio de la JEP, han quedado sin argumentos para seguir defendiendo la existencia de ese tribunal. Mucha razón le asiste a quienes en el gobierno nacional han planteado la necesidad de que el señor presidente Iván Duque proceda a objetar la ley estatutaria que fija el reglamento de aquella jurisdicción.
No es admisible que en el Estado de derecho exista una entidad como la JEP que, además de promover la impunidad de crímenes atroces, se ha convertido en un garito en el que sus fiscales venden, cual sucios mercaderes, absoluciones y todo tipo de decisiones judiciales.
El de alias Sántriches un caso de extrema gravedad. Se trata de uno de los cabecillas más reconocidos de las Farc que, con posterioridad a la entrada en vigor del malhadado acuerdo Santos-Timochenko, fue capturado mientras intentaba introducir 10 toneladas de clorhidrato de cocaína a los Estados Unidos.
Como es natural, Sántrichfue pedido en extradición por la justicia norteamericana y, misteriosamente, la denominada JEP se ha encargado de poner toda suerte de trabas para salvarle el pellejo a aquel capo. Visto lo visto, resulta válido y totalmente legítimo preguntarse si las demoras hasta ahora observadas han sido fruto del pago de otros sobornos. ¿Este medio millón de dólares es el primer y único soborno que las Farc le han pagado a la JEP para impedir que Sántrich sea extraditado?
Dos elementos quedan claros: la JEP debe ser modificada completamente y Sántrich, por motivos de seguridad nacional, tiene que ser extraditado a los Estados Unidos y dicha entrega debe producirse en el término de la distancia. Acá no se puede enviar un mensaje equivocado. El del doctor Iván Duque es un gobierno que se funda en el respeto por la legalidad y si hay un elemento que ponga en grave riesgo el aparato jurisdiccional de nuestro país es, precisamente, el caso de Jesús Sántrich.
Publicado: marzo 1 de 2019