Inaceptable la emboscada que un grupo de parlamentarios de la oposición, muchos de ellos de extrema izquierda, intentó hacerle al presidente de República, presentándose de manera intempestiva ante las puertas de la Casa de Nariño.
Los congresistas tenían el firme propósito de presionar al presidente Duque para efectos de que él se reúna con los facinerosos de la minga indígena, personas que han violado de manera grave el código penal.
Cuesta entender que unos legisladores ejerzan presión sobre el primer mandatario, pero no hayan dicho una sola palabra frente a las acciones terroristas que han emprendido los indígenas que tienen paralizada a la vía Panamericana. Esos mismos delincuentes que han asesinado a miembros de la Fuerza Pública, que manipulan artefactos explosivos y que en las últimas horas llegaron al extremo inaudito de secuestrar a un mayor de la policía.
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El presidente Duque ha manejado la situación de la minga con carácter y mano firme. Mientras los manifestantes apelen a las vías de hecho, no hay manera de avanzar hacia un entendimiento. No obstante, ha delegado a su ministra de Interior y al comisionado de paz para que mantengan contacto con los voceros de la minga.
Ha trascendido que esta manifestación lleva gestándose más de un año, lo que confirma que estamos frente a una acción coordinada, fabulosamente financiada y con el claro objetivo de desestabilizar al Estado. La marcha indígena se concentra fundamentalmente en el Cauca, donde los cultivos ilícitos aumentan exponencialmente. En 2016, en ese departamento hubo 12695 hectáreas. Un año después se registró un aumento del 26.7%, cuando se llegó a las 15.960 hectáreas cultivadas. De acuerdo con el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos, SIMCI, 734 hectáreas con coca -el 4.5% del total de las plantas que hay en el Cauca- están ubicadas en resguardos indígenas.
Una vez más, el asunto de los cultivos ilícitos aparece de plano en la discusión. La banda terrorista de las Farc, obligó a que Santos ordenara la suspensión de la fumigación aérea. Aquello redondeó en que Colombia se convirtiera en un verdadero mar de coca. Más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos, hacen que nuestra democracia esté bajo permanente amenaza. Con el producto de esas plantaciones, los grupos armados ilegales, particularmente las denominadas “disidencias” de las Farc, contarán con los recursos económicos suficientes para poner al Estado contra las cuerdas.
Las demandas de los indígenas son inaceptables. Además de respaldar la no fumigación de cultivos ilícitos, han llegado al extremo de exigir que, bajo ninguna circunstancia, se implementen mecanismos de exploración hidráulica de petróleo y gas -conocida como el fracking-, técnica que resulta fundamental para ampliar la frontera de producción de hidrocarburos.
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En vez de ejercer presiones indebidas sobre el presidente de la República, los congresistas que intentaron meterse a la brava al palacio presidencial -que claramente están haciendo politiquería con el asunto de la minga- deberían desplazarse a los cambuches donde están los cabecillas de la marcha indígena con el fin de exigirles el cese inmediato de todas las acciones de violencia y la entrega de los autores de los crímenes cometidos quienes, independientemente de las circunstancias, deben ser ejemplarmente castigados por la justicia colombiana. El de Duque es un gobierno que antepone el principio de “legalidad” y eso significa que aquel que viole la ley, deberá responder ante los jueces de la República.
Publicado: marzo 29 de 2019
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