Al insertar la palabra “JEP” en cualquier motor de búsqueda de Internet, nada bueno aparece. Las noticias destacadas que incluyen ese término suelen estar relacionadas con algún escándalo de corrupción; con las múltiples peticiones para que sea objetada, o con las reformas que para su esencia han solicitado diferentes sectores de la sociedad. Absolutamente nada positivo.
Figuran casos como el de Martha Lucía Zamora, exdirectora administrativa de la JEP, imputada por los delitos de abuso de función pública y perturbación de actos oficiales, en beneficio de los desmovilizados; aparece información sobre una red de intermediarios interesada en la adjudicación de contratos a cambio de porcentajes, que fue noticia en abril de 2018; se habla de la asignación ‘a dedo’ de contratos millonarios, y más recientemente, de los sobornos por los que se embolató el proceso de extradición de alias ‘Jesús Santrich’.
Sin restar descaro a los demás, este último caso resulta particular porque da luces sobre el origen de las situaciones que han venido limpiando el camino del exjefe de las Farc, quien tras bailar al filo de la extradición, ahora contra todo pronóstico podría llegar a ocupar la curul que en desatención a la voluntad de los colombianos, le regaló el expresidente Santos en el Congreso de la República.
Tanto el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, como ‘El Tuerto Gil’, exguerrillero del M-19, y todos los demás capturados, deben pagar por atravesarse en el proceso ‘Santrich’, que no quepa duda; pero más que eso es importante desarticular la red dedicada a mercadear con fallos y absoluciones desde el interior de ese cuestionado mecanismo de justicia. La existencia de dicha estructura criminal la confirmó el mismo Bermeo a través de los audios que tiene en su poder la Fiscalía, en los que asegura que “había logrado influir en servidores públicos”, para dilatar la extradición del narcoterrorista.
No obstante, aun habiendo desarticulado ese cartel y puesto tras las rejas a sus integrantes, lo que la justicia colombiana no puede permitir es que la JEP se salga con la suya, es decir, que se dé el gusto de haber impedido que ‘Santrich’ sea enjuiciado en suelo norteamericano, como es debido.
En definitiva, hay dos puntos que quedan claros: primero, que ante la imposibilidad de ser eliminada, la JEP debe modificarse como ya lo propuso el expresidente Uribe; y segundo, que por motivos de seguridad nacional ‘Santrich’ debe ser extraditado.
Lo cierto es que el Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la legalidad y que, en honor a su lema “El que la hace la paga”, lo único que no permitirá es que se les envíe un mensaje de impunidad al terrorismo.
Publicado: marzo 8 de 2019