Recularon los “honorables” magistrados de la Corte Constitucional; por poco y ejecutan un golpe de Estado contra el presidente Iván Duque y la democracia, al aceptar el planteamiento impresentable del pobre diablo que regenta la Cámara de Representantes y de todos aquellos mamertos enemigos de la República: atreverse a vociferar que el primer mandatario no tiene facultades para objetar una ley estatutaria por inconveniencia no es ignorancia (la constitución y la jurisprudencia son clarísimas al respecto); es maldad en pasta. De otra forma, no puede entenderse que se ataque injustamente a un gobierno decente, con el propósito de defender a ultranza a los genocidas de las Farc, en desmedro del dolor de tantas víctimas y sus familias, y, por supuesto, de la institucionalidad. Estas cosas tan absurdas e ilógicas solo pasan en la tierra del Sagrado Corazón.
Pero eso es lo que hay y debemos lidiar con una Corte Constitucional, que es en realidad un directorio político al servicio de las ideas de izquierda y, desde luego, del “nunca bien ponderado” Tartufo Santos. Como buenos cobardes, tan pronto sintieron la presión popular reversaron una decisión que ya había sido anunciada por ellos mismos a través de las redes sociales. Los togados se creyeron los todopoderosos (no en vano desde hace años usurpan las funciones de las otras ramas del poder público a su mejor conveniencia), pero esta vez no contaron, eso sí, con la indignación de toda una sociedad que está harta de la impunidad entregada a la guerrilla.
Se trata de politiqueros que posan de jueces. Por eso no podían dejar pasar la oportunidad de hacer el daño para el cual han sido convocados: si bien se abstuvo de impedir el estudio de las objeciones hechas por el presidente, la Corte Constitucional en el auto 123 de 2019, cuyo ponente es el siniestro Antonio Lizarazo (quien debió declararse impedido por haber sido asesor del tartufo en el proceso de paz, aunque no se le pueden pedir peras al olmo), incorporó un par de “micos”, a saber: un plazo caprichoso y arbitrario al Congreso para tomar una decisión, y ordenar, además, el regreso del proyecto a esa corporación, aunque este sea archivado total o parcialmente. Sigue el prevaricato, en flagrante violación del principio de legalidad. Ahí está el veneno. En consecuencia, debemos seguir alertas: al final del ejercicio, la Corte Constitucional, como sea, tratará de favorecer a la subversión, pues no hay nada más sesgado que una justicia ideologizada.
Y, si la Corte Constitucional está politizada hasta el cogote, la minga indígena ni se diga; porque no se trata de una reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común y en pro de la comunidad, de acuerdo con el significado del vocablo dado por la RAE. Es todo lo contrario: una asociación para delinquir, cuyos intereses también son económicos. La idea es conseguir mayores recursos para sostener así todas las formas de lucha. Esa bola de bandidos, que no son indígenas inocentes peleando por causas nobles, debe ser contenida con todo el poderío del Estado. No hay derecho a que paralicen el sur occidente del país para que los narcos, entre los que están las Farc, el ELN y demás bandas criminales, hagan de las suyas con las más de 200.000 hectáreas de coca que tienen sembradas. La minga es terrorista y sanguinaria: varios de esos delincuentes murieron accidentalmente intentando armar explosivos para atacar a la Fuerza Pública (hay algo de justicia poética en ello).
La minga es una bigornia, un arma de presión y un instrumento de venganza contra el presidente Duque por las decisiones acertadas que ha venido tomando para salvaguardar el Estado de Derecho y la democracia. Detrás de ese parapeto están los mismos de siempre: el más visible de todos, el degenerado y sicofante de Gustavo Petro, quien sigue apostándole a la anarquía, a la división y al odio, como banderas de campaña.
La cosa es muy sencilla: como no se trata de una manifestación ajustada a las normas y la ley, hay que repelerla con total contundencia; el diálogo no es la salida, pues, cuando a la mesa se sientan apátridas con intereses subalternos, es justo cuando hay que mostrarles por qué el Estado nunca pierde.
La ñapa I: Mala semana para los zurdos mamertoides: unos cuantos gatos salieron a marchar por los violadores y terroristas de las Farc; el Consejo Nacional Electoral le niega la personería jurídica al movimiento de Petro, y, para acabar de completar, la Corte Constitucional recula con lo de las objeciones presidenciales.
La ñapa II: Bien por todos los congresistas que votaron en primer debate el Plan de Desarrollo. Así es como se hace patria, señores. Por cierto, en dicho plan, se incluye una gran partida presupuestal que beneficiará a la comunidad indígena. ¡Lean, mamertos, no sean tan vagos!
Publicado: marzo 24 de 2019