Sinceramente no puedo decir que estoy sorprendida con los últimos acontecimientos relacionados con la JEP, tribunal espurio creado en contra de la voluntad de un pueblo que en octubre de 2016, en un plebiscito, le dijo NO al acuerdo entre Santos y la guerrilla terrorista de las Farc.
Y uno de los pilares fundamentales de aquel NO mayoritario era, concretamente, el embeleco de la JEP, jurisdicción que despierta todas las sospechas y estimula la mayor indignación social en nuestro país.
Desde el mismo instante de su nacimiento, la JEP ha estado involucrada en hechos turbios. Su primer secretario general, Néstor Raúl Correa, salió despedido en medio de cuestionamientos sobre su solvencia moral. Él, fue reemplazado por una mujer cercana a Gustavo Petro, Martha Lucía Zamora, quien recientemente fue llamada a juicio en el marco de una investigación por corrupción y favorecimiento de desmovilizados de las Farc.
La JEP más que un tribunal, parece una guardería encargada de proteger a quienes supuestamente deben juzgar. Y no se trata de asuntos menores. Los terroristas que están en manos de esa jurisdicción son personas responsables de haber cometido los peores crímenes contra la humanidad: secuestro, desplazamiento, despojo de tierras, atentados contra el ecosistema, reclutamiento forzado de menores, extorsión y, por supuesto, narcotráfico.
Desde hace cerca de un año, la fiscalía, en cumplimiento de una solicitud de extradición emanada de la corte de Nueva York, capturó a “Jesús Sántrich”, señalado de hacer parte de una red de narcotraficantes que pretendía enviar un gigantesco embarque de cocaína a los Estados Unidos.
Ante cada escándalo que afecta a la JEP, sus directivos, empezando por su presidenta, Patricia Linares, salen a desviar la atención y a negar toscamente los hechos. Con ocasión del escándalo de Martha Lucía Zamora, en vez de tomar cartas en el asunto, la JEP resolvió desafiantemente mantener a esa funcionaria en su cargo, dando a entender que la investigación en su contra era una suerte de complot.
Ahora, cuando un fiscal de esa jurisdicción es capturado en el mismo instante en que recibe un soborno de $40 mil dólares, la reacción inmediata de la JEP es la de decir que aquel delincuente no tiene relación alguna con el caso del extraditable “Jesús Sántrich”. En vez de desempeñar el papel de encubridores, los voceros y directivos de la JEP deben ser conscientes de que su tribunal se ha convertido en un antro de corrupción.
La izquierda, siempre tan atenta y dispuesta a defender la impunidad de las Farc, se burla de Colombia cuando alega que la captura del fiscal Bermeo, en plena recepción de un voluminoso paquete de dólares, es un montaje. No. Montaje el que hizo Juan Manuel Santos al introducir un tribunal ilegítimo que se concentra en favorecer a los criminales y no en exaltar los derechos de las víctimas.
En este instante, el presidente Iván Duque, que es un hombre comprometido con la reinstitucionalización del país, tiene en sus manos la posibilidad histórica de convocar a la sociedad en pleno para efectos de que se proceda a la aprobación de una norma que permita juzgar y sancionar a los terroristas y que derogue la existencia de la JEP, entidad que desde su nacimiento ha sido motivo de vergüenza para el país.
Publicado: marzo 4 de 2019