La audiencia de la Corte Constitucional sobre la fumigación de narco cultivos sobre glifosato invita a reflexionar.
Para empezar, ratifica la extensión que ha hecho la Corte de sus propias funciones para asumir las de otros órganos del poder público. La Corte debería dedicarse única y exclusivamente a la protección de la Constitución, que es su razón de ser, y nada más. Si antes ha dado muestras sistemáticas de su tendencia a asumir el papel de legislador, en este caso la Corte pretende hacer una evaluación de conveniencia y oportunidad del uso de glifosato, una decisión que es política y que le corresponde al Ejecutivo. La ruptura del sistema de división, equilibrio, frenos y contrapesos entre las distintas ramas del poder público supone riesgos y peligros para el sistema democrático, como ha quedado probado en las decisiones de la Corte sobre el plebiscito y el desarrollo constitucional y legal de los pactos con las Farc y como se comprueba de nuevo ahora.
El planteamiento del “principio de precaución”, en virtud del cual debe suspenderse la fumigación de narco cultivos con glifosato porque podría producir cáncer, es un sofisma de distracción. La Agencia contra el Cáncer de la OMS sostuvo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin. La Agencia se refirió en general al glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo, sin distinguir el cultivo sobre el cual se usa. Sin embargo, la Corte solo suspendió la fumigación de narcocultivos. Si fuera coherente, debería haber suspendido cualquier uso del glifosato. Después, la Corte suspende las fumigaciones con glifosato de coca y amapola, pero no ha dicho ni mu de los otros productos y actividades que la misma Agencia ha dicho que también podrían ser carcinogénicos. Peor, no ha dicho absolutamente nada de aquellos sobre los que la Agencia ya tiene plena certeza de que sí generan cáncer. ¿Por qué? La sentencia de la Corte es solo una excusa que enmascara una decisión política: la de no atacar los cultivos ilícitos, proteger la política de Santos (que antes de la sentencia de la Corte ya había suspendido las fumigaciones), y complacer a las Farc que, no hay que olvidarlo, pidió pararlas como una condición para las negociaciones. Esta Corte, no sobra recordarlo, tiene una clarísima mayoría santista y pro pacto con las Farc, y ha dado muestras inequívocas de politización en sus actuaciones.
Pero en la argumentación de la Corte con base en el “principio de precaución” hay otras contradicciones, aún más graves. En teoría, la Corte pretende precaver los riesgos posibles para la salud que podrían ocurrir por las fumigaciones de narcocultivos con el glifosato. Pero no considera los peligros y consecuencias, esas ya probadas, de no fumigarlos. Como hasta hoy no hay alternativa al uso del glifosato, el Gobierno no puede sino recurrir a la erradicación manual. Y esa manera de erradicación no tiene riesgos potenciales sino reales, tangibles, actuales. El 25 de febrero moría un policía y once más quedaban heridos al caer en un campo minado cuando erradicaban. En efecto, en los últimos cinco años han sido casi un centenar los policías y civiles muertos y más de trescientos los mutilados. ¿Por qué precaver eventuales enfermedades, aún no probadas, y, en cambio, no evitar las muertes y mutilaciones ciertas que se producen por la erradicación manual? La Corte tiene responsabilidad en esa tragedia.
Para rematar, parar la fumigación con glifosato ha traído aparejado que nos inundemos de coca. No es de sorprender. Desde que se suspendió la aspersión en el 2015 ha habido un crecimiento monumental de los narcocultivos. Se llegó a 209.000 hectáreas en el 2017, de lejos la cifra más alta de nuestra historia, y con certeza la de 31 de diciembre de 2018 es aún mayor.
Estamos inundados en un mar de coca que, como era previsible e inevitable, se ha traducido en un aumento de la violencia. Después de quince años de reducciones sistemáticas, la tasa de homicidios aumentó casi un 4% el año pasado. Ello ha ocurrido aunque se firmó el pacto con las Farc y, dicen sus defensores, estamos en un post conflicto. Pues bien, aún sin las Farc, en Colombia se asesinó más el año pasado. El incremento de los homicidios se dio en particular en los departamentos con mayor crecimiento de narcocultivos, donde hay una disputa por el control de actividades y rentas ilegales: el suroccidente (Chocó, Cauca, Nariño, Valle), más Antioquia, Córdoba y Norte de Santander, en particular el Catatumbo. Solo en los municipios donde está el plan integral de sustitución de cultivos el homicidio creció, hasta septiembre del 2018, en un escalofriante 48%.
Es decir, no fumigar trae más coca y más coca es más homicidios. ¿Dónde está la lógica del principio de precaución que aplica la Corte?
En fin, el aumento de la coca trae daños irreversibles al medio ambiente, fomenta la drogadicción, afecta la economía, corrompe la cultura y la ética ciudadanas y, sin duda, aumenta la violencia. En esas condiciones, aún si se admitiera que el glifosato pudiera causar daños a la salud, que no está todavía probado, las alternativas son mucho peores. Ese es el juicio ético que debe hacer la Corte. Lo otro es traerle más males a un país que sufre muchos.
Publicado: marzo 12 de 2019