A través de una contundente respuesta a la columna del periodista antiuribista, Daniel Coronel, la magistrada de la corte suprema de justicia, Cristina Lombana Velásquez ratificó la legitimidad de su designación en la sala de instrucción del alto tribunal.
Según Coronel, la jurista estaría impedida para investigar al presidente Uribe debido a que en un momento de su carrera profesional laboró fugazmente en la oficina del doctor Jaime Granados Peña, uno de los abogados del exmandatario de los colombianos.
De manera clara, la magistrada Lombana explicó que en efecto trabajó con Granados en 1997, durante escasos 3 meses.
Tan efímero fue su paso por esa oficina que en los archivos de la misma no hay constancia de su vinculación. En palabras de la magistrada, “traté de obtener esa certificación [de trabajo] para incluirla en los documentos presentados desde mi primera postulación a magistrada de la corte en el año 2015, pero se me informó que ni siquiera figuraba en el historial de registro de abogados de esa firma”.
La magistrada Lombana no tiene impedimento alguno para llevar las investigaciones que se adelantan contra el presidente Uribe. En 1997, cuando ella estuvo -por un trimestre- en la oficina de Granados, aquel no era abogado del presidente Uribe. Así mismo, ella jamás ha tenido poder ni ha representado al expresidente y, como es obvio, no tiene ningún tipo de amistad con el abogado Granados.
Según la propia magistrada Lombana, “además de esta breve relación laboral que tuvo lugar hace más de 20 años -concretamente en el año 1997-, no volví a tener contacto personal ni profesional con el doctor Granados, hasta verlo hace pocas semanas como apoderado en una de las diligencias programadas por el despacho a mi cargo; situación que no constituye causal legal de impedimento alguno para apartarme del conocimiento de los procesos judiciales en los que el doctor Granados actúa como abogado”.
Lo cierto es que la doctora Lombana nunca ocultó su brevísima vinculación laboral con Jaime Granados. Ella misma, aunque no tenía como probarlo documentalmente, puso en conocimiento de la sala especial de instrucción de la corte suprema de justicia aquella situación en la sesión del 16 de enero de este año. En el acta que se levantó, se lee: “la doctora Cristina Lombana Velásquez, informó a la sala la relación que tuvo hace más de 20 años con el abogado Jaime Granados Peña”.
Curiosamente, después de la revelación, hecha por la propia magistrada Lombana, la información fue filtrada al periodista-activista Coronel. Es evidente que para el momento en que la jurista puso en conocimiento de sus colegas dichasituación, en la corte aún se encontraba laborando el hoy exmagistrado José Luis Barceló, uno de los operadores judiciales que con más saña y odio ha procedido en contra del expresidente Uribe.
Barceló, un filtrador abusivo de información, seguramente fue la persona que intentó enlodar el buen nombre de la magistrada Lombana, haciendo pública la corta relación laboral que ella tuvo con Jaime Granados, muchos años antes de que él fungiera como abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Gustavo Petro, con múltiples indagaciones en la corte suprema de justicia, se valió de la columna de Coronel para intentar hacerle el quite a la administración de justicia, en un proceso que se adelanta en su contra por cuenta de una denuncia por los delitos de calumnia e injuria agravadas, instaurada por el presidente Uribe, a través de su abogado Abelardo De La Espriella.
Como parte del proceso que se lleva a cabo, era necesario que Petro se presentara a la diligencia de conciliación, prevista en el código de procedimiento penal.
A través de su cuenta de Twitter, el exterrorista del M-19 anunció su no comparecencia a la citación: “Decidí no presentarme en el despacho de la magistrada Lombana de la Corte Suprema, en la diligencia de conciliación por el delito de calumnia que Uribe y su abogado de la Espriella, pusieron en mi contra”.
Inaudito que Petro, ese mismo que en su momento integró la banda delincuencial que incendió el palacio de Justicia y asesinó a sus magistrados, crea que puede seguir pisoteando y burlándose de los jueces de Colombia.
Y la respuesta de la corte no se hizo esperar. Al confirmarse que Petro no tiene ninguna voluntad de conciliar, de retractarse, el alto tribunal resolvió agotar esa instancia y continuar la investigación en su contra por las brutales calumnias que ha proferido en contra del señor expresidente Uribe.
Publicado: marzo 27 de 2019
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