En una carta del pasado 14 de marzo, desde su oficina de Madrid, el polémico exjuez Baltasar Garzón -inhabilitado por chuzar ilegalmente a personas que él estaba juzgando- le remitió una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en la que intercede por los facinerosos que, valiéndose de la “Minga” indígena han acudido al terrorismo para presionar al gobierno y chantajear a la sociedad.
Garzón, a quien la corrupta fiscalía de Montealegre y Perdomo le regaló multimillonarios contratos, es un sujeto de marcada ideología izquierdista que, a lo largo de los años ha volteado la mirada frente a las atrocidades cometidas por los grupos guerrilleros colombianos.
También, durante la alcaldía de Gustavo Petro, a través de Canal Capital, órgano que en cabeza del agresor de mujeres Hollman Morris se convirtió en una herramienta de propaganda, Garzón recibió millonarios recursos oficiales por su participación en unos programas con un ratingque nunca pasó del 0%.
En su carta a la señora Bachelet, Garzón no se queja por el policía brutalmente asesinado por los indígenas, ni por la detonación de artefactos cargados de dinamita en el departamento del Valle, explosivos con los que los supuestos manifestantes de la “Minga” pretendían volar la vía Panamericana.
No. Garzón se concentró en su comunicación en manifestar “nuestra preocupación por la situación de las comunidades indígenas actualmente reunidas en la ‘Minga por la defensa de la Vida, el Territorio, la Justicia y la Paz’, cuyo objetivo es requerir al Gobierno de Colombia el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, que se han visto seriamente perjudicados por las políticas económicas del Estado”.
Garzón, que fue uno de los más entusiastas validadores del acuerdo de impunidad entre el gobierno Santos y la banda terrorista de las Farc, señala mentirosamente al gobierno del presidente Duque en su carta a la comisionada de las Naciones Unidas: “…el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, no sólo ha declinado la invitación extendida por el CRIC para debatir sobre las reivindicaciones de los pueblos indígenas, sino que ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional y ha dispuesto el envío de las Fuerza Pública a la zona ante las manifestaciones de protesta que estarían teniendo lugar…”.
¿Espera el inhabilitado exjuez Garzón que el gobierno se cruce de brazos mientras una cuadrilla de facinerosos detonan explosivos y asesinan policías? Es deber del presidente de la República mantener el orden público en el territorio nacional y garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos.
No es cierto que el gobierno haya descartado el diálogo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha asistido a distintas jornadas de conversaciones con los líderes de la “Minga”, exigiendo, eso sí, que la protesta sea pacífica.
Si los indígenas quieren conversar en paz, al alcance de su mano tendrán a un gobierno abierto, generoso y totalmente dispuesto a buscar soluciones. Pero si la cuestión continúa por el sendero del terrorismo y la violencia, que nadie espere, ni siquiera el cuestionado Baltasar Garzón, un Ejecutivo débil y timorato. Con los antisociales, ninguna consideración.
Publicado: marzo 27 de 2019
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