En uso del derecho a la réplica, la oposición al gobierno del presidente Duque se valió de los canales de televisión públicos y privados para exponer sus argumentos -baladíes por demás- en contra de la objeción que el Ejecutivo hizo sobre 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP.
La vocería de dicha intervención televisada recayó en Juanita Goebertus, antigua asesora del comisionado de paz santista, Sergio Jaramillo y hoy parlamentaria del grupo político liderado por Claudia Nayibe López.
Resulta cuando menos curioso que una de las personas que participó en el diseño del acuerdo de impunidad de las Farc ahora, desde el Congreso, esté empleada a fondo en la defensa del mismo, como si en el fondo hubiera una preocupación por cumplir quién sabe qué pacto que el país no conoce.
Ninguna de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque pone en riesgo la supuesta paz suscrita con las Farc. Todo lo contrario. De prosperar las objeciones presentadas, las victimas serán las grandes beneficiadas y la sociedad podrá tener la seguridad de que los criminales que reincidan serán ejemplarizantemente castigadas. Uno de los pilares fundamentales de la “paz estable y duradera” que tanto cacareó el gobierno de Santos es, concretamente, la garantía de no repetición.
Y aquello se logra a través de sanciones rigurosísimas contra quienes incumplan los acuerdos y no con “abrazatones” tontarronas como las que promueve la cuestionada Patricia Linares, presidenta de la JEP, tribunal que en tiempo récord se convirtió en un antro de corrupción y politiquería.
La congresista Goebertus compareció ante los colombianos rodeada por lo más graneado de la extrema izquierda y el terrorismo colombiano. A su lado estaba nadie menos que el genocida, violador de niños y narcotraficante Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada.
Resulta indignante que quienes pretenden cuestionar la facultad constitucional del presidente de la República, tengan como aliados a los peores criminales de nuestra historia reciente.
Lozada -hoy socio político de Goebertus- tiene un amplísimo prontuario a cuestas. Fue, entre muchas otras atrocidades, el autor del atentado terrorista cometido en Bogotá el 7 de agosto de 2002, día en el que Álvaro Uribe se posesionó como presidente de la República.
Aquella acción demencial cobró la vida de 23 personas, mientras que más de 60 quedaron heridas.
El compañero de causa de Juanita Goebertus está lejos de ser un actor legítimo de la democracia. Según el departamento de Estado de los Estados Unidos, “Carlos Antonio Lozada participó en la planeación y ejecución de las políticas cocaineras de las Farc, incluyendo el direccionamiento y el control de la producción, elaboración y distribución de cientos de toneladas de cocaína en los Estados Unidos”.
Quien con cara de angustia acompañó a la congresista Goebertus en su remedo de alocución presidencial, es, al decir de las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos, un “pez gordo” del tráfico de estupefacientes, razón por la que el gran jurado de la corte del distrito sur de Nueva York, hace más de 10 años avaló una acusación y pedido de extradición en su contra.
“Carlos Antonio Lozada” figura entre las personas más buscadas de las autoridades estadounidenses, motivo por el que el departamento de Estado ofrece el pago de una recompensa de $2.5 millones de dólares a quien entregue a ese narcotraficante a las autoridades judiciales que lo requieren.
Lo hecho por Goebertus es a todas luces contraevidente. Fustiga al gobierno con mentiras, alegando que se están pisoteando los derechos de las víctimas, pero hizo su pronunciamiento en compañía de un genocida que además de no haber respondido por uno solo de sus crímenes, fue premiado con una curul en el senado de la República.
Publicado: marzo 14 de 2019