Ya van a ser nueve los meses en que Villavicencio, capital del departamento del Meta y ciudad en que resido, ha estado bajo un estricto racionamiento de agua por cuenta de varios derrumbes que destruyeron buena parte de la tubería de la bocatoma de Quebrada La Honda, desde donde se capta el líquido para casi toda la población.
Por la ubicación geográfica del punto de captación, las constantes precipitaciones en la zona y la inestabilidad terreno, el del acueducto es catalogado ya como un problema histórico para Villavicencio, pero más allá de las condiciones del lugar hay un factor clave y determinante para que esta capital pase por una crisis de tal magnitud, y es nuestra falta de compromiso con el medio ambiente.
En este caso particular, fue el descuido generalizado –tanto de la administración pública como de los propios moradores- lo que permitió el desarrollo de actividades ilegales como la tala, que con el paso de los años generó un alto grado de deforestación; también, fue la falta de acompañamiento técnico lo que indujo a los lugareños a caer en esas prácticas para extender sus cultivos, contribuyendo al recrudecimiento del mismo fenómeno.
Así las cosas, la situación de la montaña que ha destruido parcialmente el acueducto y desencadenado una crisis en el suministro de agua en Villavicencio, radica en dos factores fundamentales para la conservación de nuestras riquezas: vigilancia y educación.
El ilícito aprovechamiento de los recursos naturales es un delito con el que la justicia colombiana busca prevenir la explotación, tráfico y comercio de su biodiversidad, sin embargo, se calcula que el país pierde más de 200 mil hectáreas de bosque al año, lo que evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas. Figuras como la del guardabosques serían cruciales en ese proceso y, a futuro, les ahorraría enormes recursos a ciudades como la mía, donde ya se han invertido varios miles de millones para intentar resarcir el daño causado por las malas prácticas ambientales.
También resulta necesario que desde los entes territoriales se brinde el asesoramiento necesario para que los productores opten por obedecer a la vocación natural de los suelos que poseen. En el caso del Meta, solo por dar un ejemplo, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) indica que el 20% de los suelos son aptos para áreas forestales de producción, y solo el 0,01% están dispuestos para ese fin.
Entonces, teniendo en cuenta la riqueza natural de zonas como esta, surgen cuestionamientos como: ¿por qué no pensar en promover allí nuevos estilos de turismo, como el ecoturismo y el agroturismo?; ¿por qué no incentivar actividades como el avistamiento de aves, privilegiado en la zona gracias a sus frondosos bosques?
A modo de reflexión debo decir que solo el fortalecimiento de la vigilancia en nuestros bosques y la aplicación rigurosa de la ley podrán frenar desastres naturales como el de mayo de 2018 en Villavicencio, cuando colapsó el sistema de acueducto, y solo la educación, fundamentada en el asesoramiento técnico para las personas que residen en el sector rural, podrá modificar el curso a veces equívoco de sus actividades para encaminarlas en uno amigable con el medio ambiente, y que contribuya en la causa.
Si unimos esfuerzos, si hay voluntad política y se piensa más en el bien común que en los intereses particulares, entonces estamos a tiempo.
Publicado: febrero 7 de 2019