Las cifras de la guerra en Colombia son aterradoras: 261 mil muertos entre civiles, combatientes y no identificados; 171 mil desaparecidos; 36 mil casos de secuestro; 27 mil de violencia sexual y más de 7 mil reclutamientos de niños, niñas y adolescentes para ser utilizados en el marco del conflicto.
Pese a los dolorosos testimonios de las víctimas, muchos insisten en ‘pasarse por la faja’ a la justicia, manteniendo con vida a la inconveniente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los que con poca fortuna tuvimos que ver a la guerra de frente y sin posibilidad de desviar la mirada, pensamos distinto: ningún colombiano que haya padecido el asesinato, la desaparición, el secuestro y la violación, en su carne o la de los suyos, merece que su hecho victimizante encalle en la muralla de la impunidad. Mi tesis la confirmaron 6 millones 424.385 connacionales (la mayoría de los votantes) que, en octubre de 2016, dijeron ‘NO’ en el plebiscito por los Acuerdos de Paz con las Farc.
El de la balanza es un método sencillo que en la cotidianidad nos permite tomar decisiones que, de otro modo, nos causarían dolores de cabeza. Consiste en extraer de cada situación los aspectos positivos y los negativos, para medir su relevancia y poder decantarnos, generalmente, por el que mayor peso tenga.
El ejercicio de la balanza con relación a la JEP es muy simple, y en los platillos se encuentran dos posibles decisiones, de un lado está la de mantenerla y del otro, la de objetarla.
Ese modelo (la JEP) consta de cuatro componentes, justicia, verdad, reparación y no repetición, que si se plantearan y ejecutaran debidamente deberían pesar a su favor.
Sin embargo, hasta ahora el tribunal especial no ha impartido justicia contra ningún excombatiente de las Farc, y su accionar se ha limitado a la firma de 3.794 actas de Libertad Condicionada y 7.725 de Reincorporación Política, Social y Económica, lo que se traduce en impunidad para más de 10 mil victimarios.
La verdad tampoco ha brotado en los tribunales de la JEP, por los que desde el jueves anterior se pasean orondos los exjefes de las Farc durante las audiencias a puerta cerrada, ocultas, sin publicidad ni transparencia y casi clandestinas, a las que asisten con los seis magistrados de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, para contar a cuentagotas los detalles de sus atrocidades.
Igualmente, la reparación ha sido poca. Solo 280 mil de los más de 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, cuentan con las características para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley.
Y por último, la desdeñada paz del Gobierno de Juan Manuel Santos hace que las garantías de no repetición se desvanezcan en el marco de la disputa que surge entre el Estado y los fortalecidos frentes del ELN y las Farc.
En contra de la JEP pesan los incumplimientos de cada uno de esos componentes; el creciente rechazo a la impunidad por parte de la población civil; los escándalos por la lucha de poderes que se libra en su interior, y los 292 mil millones que anualmente le cuesta su funcionamiento a los colombianos.
Como conclusión del ejercicio, el análisis sería el siguiente: los factores que debían pesar a favor de la JEP (justicia, verdad, reparación y no repetición) resultaron en su contra debido a la mala planeación y aplicación del modelo, y sumados a las exigencias de las víctimas, el rechazo generalizado a la impunidad, la mala percepción que de ella tiene la ciudadanía y el enorme esfuerzo que debe hacer el Estado para sostenerla, la decisión más sensata es la de objetar de una vez por todas ese sistema alternativo de justicia que, además de cómplice y encubridor, resulta ser una paradoja porque de justicia “pocón, pocón”.
Publicado: febrero 21 de 2019