Una de las grandes diferencias doctrinarias que hubo entre el gobierno de Santos y la administración del presidente Uribe giró alrededor del debate sobre si en Colombia hay o no hay conflicto armado interno, o guerra civil.
Con la Seguridad Democrática, se determinó que nuestra democracia, la más antigua de la región, a pesar de sus dificultades y falencias, era objeto de una brutal arremetida por parte de estructuras terroristas que, financiadas con dinero del tráfico de sustancias estupefacientes, ponen en grave riesgo a nuestro Estado de Derecho.
Resulta contradictorio entonces que un país que sufre la violencia de estructuras dedicadas al secuestro, el reclutamiento forzado de menores, la extorsión, la voladura de oleoductos con el consecuente daño irreparable al ecosistema, considere que los grupos que cometen esas acciones puedan ser tratados con carácter político.
En el manifiesto democrático de 100 puntos que presentó Uribe como programa de gobierno quedó claro que, sin necesidad de reconocer la existencia de un conflicto, era posible el diálogo con miras a encontrar una solución incruenta. Aquello significaba la necesidad de un cese total de actividades terroristas por parte de la organización armada ilegal, la suspensión del narcotráfico, la devolución de todos los secuestrados y el compromiso firme de desmovilización, reincorporación a la vida civil y a cambio de ello el Estado buscaba una solución jurídica para la sanción de crímenes de lesa humanidad.
En ningún caso, los grupos armados organizados al margen de la ley podían ser tratados como interlocutores políticos, pues evidentemente no lo eran y aún, pasados 17 años, no lo son.
Santos, sin que las Farc cesaran sus acciones delictivas y mantuvieran en su poder a centenares de secuestrados y a miles de niños reclutados a la fuerza, decidió insospechadamente decretar la existencia de un conflicto armado. Aquello resultó desconcertante. Mientras Estados Unidos, Canadá, Australia y toda la Unión Europea calificaban a las Farc y al Eln como grupos terroristas -con las consecuencias jurídicas que aquello acarrea-, Colombia enviaba un mensaje contradictorio pues resolvió, sin mayores elementos, darles un tratamiento político inmerecido.
Después de la supuesta desmovilización de las Farc, en Colombia persiste la amenaza terrorista en cabeza del Eln, grupo que recibió a buena parte de los integrantes que otrora estaban al mando de alias Timochenkoy que se ha consolidado como la principal amenaza contra nuestras instituciones democráticas.
rEl atentado del pasado 18 de enero en la escuela general Santander, en la que el Eln brutalmente asesinó a más de 20 estudiantes que se encontraban en aquel centro de formación, es evidencia apodíctica de la condición terrorista de esa banda que en ningún caso merece un reconocimiento político.
El gobierno del presidente Duque, erigido sobre el pilar de la legalidad, tiene un compromiso irreductible con la sociedad en el sentido de que, al decir popular, el que la hace, la paga. Si el Eln continúa secuestrando, reclutando menores, detonando explosivos a diestra y siniestra, deberá ser enfrentado con toda la fuerza legítima del Estado, sin consideración ni contemplación ninguna.
El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa lo dijo claramente ante la ONU, en Ginebra: “Colombia rechaza con total contundencia los recientes actos de asesinato, secuestro, extorsión y el ecocidio realizados por el grupo terrorista Eln. Su actuar no está enmarcado en ideología alguna ni implica la existencia de conflicto armado alguno. Los actos terroristas cometidos por este grupo, implicarán la aplicación de las acciones penales respectivas”.
La de Barbosa es la posición firme que necesita Colombia y refleja la verticalidad del gobierno uribista del presidente Iván Duque que entiende que su deber es el de proteger a los ciudadanos de las amenazas terroristas y no rendirse ante ellas, como desgraciadamente hizo Juan Manuel Santos.
Decir que en Colombia no hay conflicto armado, no cierra, ni mucho menos, la posibilidad de la búsqueda de una salida negociada. Claro que si los terroristas se comprometen a cesar la totalidad de sus acciones de barbarie, a devolver a todos los secuestrados, a desincorporar a los menores que tienen en su poder, el diálogo será posible, sin necesidad de hacer reconocimientos políticos.
Lo cierto es que la posición oportunamente fijada por el gobierno, es en este momento un claro mensaje a los sectores negacionistas del terrorismo, que a pesar de los hechos de barbarie insisten en voltear la mirada frente a los mismos, pretendiendo que aquellos que bañan con sangre a nuestro país, tarde o temprano reciban una dosis de impunidad similar a la que Santos le otorgó a las Farc.
Publicado: febrero 28 de 2019