En el año 2012, Juan Manuel Santos designó al
polémico abogado Gustavo Morales Cobo como Superintendente de Salud, una
entidad que fue altamente politizada en el gobierno anterior y cuyo control
real estuvo en manos del senador Roy Barreras, un sujeto señalado en múltiples
ocasiones por actos irregulares, como la aparición de más de $1000 millones de
pesos en efectivo en un apartamento de su propiedad.
Dos años después de su nombramiento, Morales Cobo renunció minutos antes de que
el presidente y el ministro de Salud de la época, Alejandro Gaviria, lo
destituyeran por los abusos que cometió en la Superintendencia, particularmente
la emisión de una circular muy cuestionable en la que habilitó a las EPS para gastar
el 10% del dinero de administración en temas relacionados con infraestructura,
decisión que para muchos expertos se constituyó en un favorecimiento a las EPS.
Pero aquella no fue la única irregularidad cometida por Morales. En efecto, en su condición de Superintendente, violó de manera abusiva el principio constitucional del debido proceso, al revelar información confidencial de un proceso que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud respecto de Salud Andina, EPS.
Sin evidencia alguna, Morales a través de una rueda de prensa dijo que había adoptado la decisión de no habilitar el funcionamiento de Salud Andina, alegando que uno de los miembros de la junta directiva de esa EPS, Gerardo Vecino Villareal, estaba vinculado a estructuras paramilitares.
Ante aquella falsedad, Salud Andina recurrió a los servicios profesionales del abogado Abelardo De La Espriella quien de manera inmediata presentó una queja ante la procuraduría general de la nación contra el Superintendente Morales Cobo.
Luego de una extensa investigación, el ministerio público concluyó que efectivamente Morales era responsable, razón por la que resultó sancionado y fue obligado a pagar una multa de cerca de $130 millones de pesos.
El exsuperintendente, en vez de acatar un fallo judicial que ordenaba la habilitación de salud Andina, resolvió hacer caso de un informe sin sustento que en su momento elaboró el recientemente fallecido exsecretario de transparencia, Rafael Merchán, el cual señalaba temerariamente al miembro de la junta directiva de esa EPS.
El caso contra Morales Cobo aún no termina, pues hay procesos penales en marcha y una demanda administrativa cuyos resultados se verán en los próximos meses, pero la sanción impuesta por la procuraduría general de la nación es más que justa y sienta un precedente para aquellos servidores públicos que se valen de los medios de comunicación para perseguir a sus malquerientes.
Publicado: enero 18 de 2019