Empieza el año con importantes evoluciones en la investigación sobre el video de Gustavo Petro, recibiendo una gruesa suma de dinero en efectivo, en el escándalo denominado “el Petrovideo”.
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La fiscalía general de la nación, a través de un comunicado anunció la compulsa de copias contra el exterrorista del M-19 Gustavo Petro luego de que en un allanamiento que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre en la casa del cuestionado Juan Carlos Montes se encontraran los pagarés originales por una suma de $100 millones de pesos suscritos entre Blanca Durán –gerente de la campaña presidencial de Petro en 2018- y Blanca Azucena Mendoza –la prestamista-.
Para la fiscalía resulta incomprensible que dicho préstamo no hubiera sido oportunamente reportado en las cuentas que la campaña petrista entregó ante el consejo nacional electoral. En criterio de la fiscalía general de la nación, “El pagaré de fecha 13 de junio [de 2018] no se encuentra reportado en la Organización Electoral en el anexo No. 6 del ‘informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial’, según la información reportada en el aplicativo ‘cuentas claras’, que como medio abierto fue consultado por la Fiscalía. Por el contrario, el pagaré de fecha 24 de mayo sí obra en los informes que reposan en el consejo nacional electoral”.
Como dato relevante, dicho préstamo fue hecho en efectivo, una maña que parece ser incurable en el líder de la extrema izquierda, Gustavo Petro quien mueve cientos de millones de pesos en billetes debidamente empacados en bolsas plásticas.
Así las cosas, Petro tendrá que poner la cara ante la corte suprema de justicia –esa misma que en 1985 incendió su banda terrorista- para explicar por qué no reportó el préstamo en efectivo que le hizo a su campaña la señora Blanca Azucena Mendoza.
Sobre la señora Mendoza, este portal ha podido establecer que se trata de una importante empresaria del transporte de carga. Así mismo, es propietaria de la empresa Grúas William, compañía que opera en Bogotá.
Llama poderosamente la atención que en el reporte presentado por la campaña de Petro en el que declararon un solo préstamo de la señora Mendoza Ríos, hayan registrado un número de cédula que no corresponde al de ella.
En efecto, el número reportado corresponde a Sandra Milena Orduz Gálviz. ¿Qué intentó ocultar la campaña petrista? ¿Cuál fue el vínculo contractual de la señora Azucena Mendoza Ríos con la alcaldía de Bogotá durante el gobierno de Gustavo Petro? Son dos interrogantes que la fiscalía está tratando de dilucidar y que la corte Suprema –en lo que corresponde al senador izquierdista- deberá intentar responder durante la investigación que emprenderá en los próximos días.
Publicado: enero 9 de 2019
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