Ha trascendido que la procuraduría general de la nación se apresta a emitir un fallo sancionatorio en contra de las exministras Cecilia Álvarez Correa y Gina Parody por haber favorecido a la familia de ésta en la adjudicación a dedo de la carretera entre Ocaña y Gamarra, obra con la que fue favorecida la empresa Odebrecht.
LOS IRREVERENTESfue el medio de comunicación que en enero de 2017 le reveló al país los detalles de aquel favorecimiento y la forma como Cecilia Álvarez, siendo ministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, intrigó para que se aprobara el otro sipara que Odebrecht hiciera una carretera que desembocaría a pocos metros de la entrada del puerto Andalucía, cuyos mayores accionistas son el padre y los hermanos de su pareja permanente, Gina Parody.
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A finales de junio del año pasado, la procuraduría general de la nación llamó a juicio a las exministras Álvarez y Parody, señalando un posible conflicto de intereses. 6 meses después, el ministerio público está a punto de resolver el caso y, según ha establecido este portal, les impondrá una fuerte sanción, inhabilitándolas para ejercer cargos públicos en los próximos años.
El caso de Parody y Álvarez resulta aberrante. Ellas, durante el gobierno de Santos, se convirtieron en las dos funcionarias más poderosas del régimen. Creyeron que eran dueñas del Estado y no tuvieron ningún problema en participar en el consejo de ministros en el que se aprobó un documento Conpes-el 3187- que habilitó la navegabilidad del río Magdalena y estimuló la construcción de puertos sobre el mismo, con lo que se favorecía directamente a la poderosa familia Parody.
Tanto Álvarez como Parody debieron declararse impedidas, pero no lo hicieron y ello les acarreará una fuerte sanción disciplinaria que les significará una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
En su momento, Juan Manuel Santos trató de encubrir el proceder claramente irregular de sus dos funcionarias, aseverando que ellas eran unas “impolutas” víctimas “del matoneo por parte del uribismo”. Ni lo uno ni lo otro. La larga investigación que está a punto de culminar confirma que las dos exministras obraron irregularmente y que el uribismo cumplió su deber democrático de denunciar el proceder de las protegidas de Santos.
Hace unos meses, la fiscalía general de la nación, en el marco de la investigación del caso Odebrecht, ordenó el archivo de la denuncia que había en contra de las exfuncionarias santistas. Pero ahora, que se ha designado un fiscal Ad hoc, no se descarta que la investigación penal sea reabierta, pues no hay cosa juzgada y es posible que terminen respondiendo ante el órgano investigador de nuestro país.
Ahora que los exdirectivos de Odebrecht suscribieron un principio de oportunidad y quedaron obligados a brindar colaboración en las investigaciones que se adelantan, es posible que aparezcan nuevas evidencias contra Santos y su círculo inmediato, entre el que se encuentran Cecilia Álvarez y Gina Parody, quienes llevan más de dos años viviendo plácidamente en un lujoso apartamento de Manhattan.
Publicado: enero 15 de 2019
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