Nadie podrá sorprenderse cuando en los próximos días la ilegítima jurisdicción especial de paz, JEP, decrete de una vez por todas que el narcotraficante alias Jesús Sántrichno podrá ser extraditado hacia los Estados Unidos.
La JEP es un aberrante engendro hecho a la medida de las exigencias del terrorismo. No es un tribunal de justicia; se trata de un antro diseñado para limpiar la cara de las Farc y perseguir a aquellos que desde la democracia enfrentaron con ardentía a los guerrilleros que azotaron a la población colombiana durante décadas enteras.
Desde el mismo instante en que la justicia capturó a Sántrichen cumplimiento de una solicitud de extradición remitida desde una corte estadounidense, la JEP empezó a moverse aceleradamente para impedir que ese peligroso capo compareciera ante la justicia norteamericana.
Es evidente que el delito por el que es pedido en extradición se cometió con posterioridad a la firma del acuerdo macabro Santos-Farc. No obstante, la JEP de forma abusiva alegó tener competencia frente al caso y, literalmente, usurpó funciones que no le corresponden.
Para salvar el pellejo de Sántrich, condicionó la entrega de ese sujeto a la revisión de las pruebas que hay contra de él, algo nunca antes visto en un proceso de extradición. Los Estados Unidos desde el principio remitieron una relación de los hechos y anexaron las evidencias suficientes para iniciar un juicio en contra del mafioso.
Sántriches solicitado para que atienda un juicio en los Estados Unidos. Él aún no ha sido condenado y se requiere su presencia en territorio estadounidense para que atienda el juicio en el que tendrá derecho a defenderse y a presentar los testimonios que le plazca para efectos de controvertir los alegatos de la fiscalía.
Pero la JEP, que se ha convertido en una aberrante covacha para la promoción de la impunidad, ha hecho hasta lo imposible para impedir que Sántrichresponda por los delitos que cometió cuando ya estaba firmado el acuerdo que en su momento mayoritariamente rechazó el pueblo colombiano.
La brutal decisión que la JEP se apresta a adoptar enviará un mensaje nefasto que afectará de manera gravísima la fluida relación de cooperación judicial que tienen Colombia y los Estados Unidos.
La extradición es una herramienta muy eficaz en la lucha contra el narcotráfico y resultará inexplicable que un órgano judicial colombiano se preste para encubrir alevosamente a los mafiosos que han inundado con cocaína a los Estados Unidos.
Las Farc desde siempre han tenido colectivos de abogados a su servicio. Se trata de oficinas encargadas única y exclusivamente a poner en marcha estrategias de guerra jurídica del terrorismo contra el Estado de Derecho. Una vez hecha la supuesta desmovilización de esa estructura delincuencial, la JEP quedó entronizada como el gran colectivo de abogados que defiende los intereses de Timochenkoy sus secuaces.
Publicado: enero 31 de 2019