El gobierno del presidente Iván Duque no tiene obligación legal alguna de acatar el protocolo establecido para casos de ruptura de los “diálogos” con los terroristas del ELN: el “acuerdo” fue suscrito entre el fatídico gobierno del tartufo Santos y los bandidos de marras, y no entre el Estado colombiano y esos asesinos, como la “mamertera” pretende hacerlo ver. La política de paz es un asunto de cada gobierno, tal cual lo ha señalado la jurisprudencia; en consecuencia, mal podría obligarse una nueva administración, cuando ni siquiera conocía los detalles que otra, muy distinta, había pactado.
El presidente Duque fue claro y contundente al momento de asumir el poder, cuando señaló sin ambages que no se concretaría ningún tipo de diálogo con la estructura terrorista del ELN, sino hasta tanto esa guerrilla cesara toda actividad criminal. Si no había conversaciones, ¿cómo podría entonces estar vigente un protocolo en caso de que estas se frustraran? Eso es tanto como terminar una relación amorosa que nunca existió.
Santos y los otros eunucos mentales que lo secundaron en el embeleco de la mal llamada paz, de manera subrepticia, como lo hicieron con las Farc, establecieron toda suerte de gabelas para blindar a los terroristas del ELN; de la minucia de esas trapisondas no tuvo conocimiento el actual gobierno, que, dicho sea de paso, fue elegido para quitarle el “collar bomba” que Santos y su camarilla le pusieron a la institucionalidad y a la democracia, al elevar al rango de estadistas y faros morales a una caterva de miserables que en lo único que han sido buenos es derramando sangre de inocentes.
La exploración de la mesa de negociación entre el tartufo y los “elenos” fue una mampara que les sirvió a estos últimos para planear asesinatos, secuestros, extorsiones y, sobre todo, la conquista de los territorios patrios para el control del narcotráfico; de manera que, teniendo el malhadado protocolo (en caso de que se le diera validez) un fin único, como es el de una negociación inter partes de buena fe, al ser utilizado ese diálogo para otros fines, tal como lo hacen los miserables del ELN, dichas atrocidades y crímenes de lesa humanidad, bajo ninguna circunstancia, pueden ser blindados por una figura cuyo fin es otro.
Gracias a esta discusión sobre el tal protocolo, he comprobado una vez más lo que siempre he dicho: existen compañeros de la actividad terrorista que desde la sociedad civil apoyan el delito con “tesis” jurídicas, con propaganda publicada en sus columnas y con la inducción de la opinión a favor de los asesinos que tanto dolor han sembrado. Estos apátridas cumplen un papel fundamental: desinformar y distorsionar la realidad, generando desorden y caos, para “lavar” los actos imperdonables de los malditos a los que defienden.
Hemos perdido el norte: mientras nos desgastamos en la payasada del protocolo, de alguna manera invisibilizamos la tragedia de nuestros jóvenes policías, quitando el foco de los cuerpos de los muchachos y del dolor inconmensurable de sus familias, todo esto por obra y gracia de los distractores implementados por ciertos “opinadores” que salen a defender a los terroristas, cuando el Estado legítimamente solicita la captura de los bárbaros que siguen buscando impunidad, disfrazando de diálogo su actividad criminal.
La ñapa I: Déjenme ver si entiendo: Si los “DECENTES” son los que sienten fascinación por la cocaína, los travestis, las prostitutas y el maltrato a las mujeres, ¿qué venimos siendo aquellos a los que no nos gusta ninguno de los anteriores desvíos?
La ñapa II: Los mismos que atacan a Juan Pablo Bieri por expresar una opinión en uso de sus facultades como director de RTVC son los mismos que utilizan noticieros y columnas para hacer montajes y perseguir a los que no piensen como ellos. A esos hipócritas se les ha caído la máscara, y el país ya sabe que solo son unos mercaderes de la información, que tienen como propósitos fundamentales hacer política y plata, más que periodismo.
Publicado: enero 27 de 2019