La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Silvia Constaìn radico en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca modernizar el sector de las TIC en Colombia para dejarla a la vanguardia de competencias y exigencias internacionales “a través de la garantía y el fortalecimiento de la televisión y la radio pública; la simplificación y modernización del marco institucional; la focalización de la inversión en el cierre de la brecha digital, y el aumento de la certidumbre jurídica”.
Básicamente lo que busca el proyecto es transformar el concepto y forma de la información pública que en la actualidad se limita a televisión y radio para avanzar en la universalidad de la conectividad. Colombia tiene una penetración de internet del 61% lo que resume que más de 20 millones de personas no tienen acceso a la red, especialmente en zonas rurales. Los esfuerzos del Estado en materia presupuestal y de inversión en el sector de las TIC no puede concentrarse para beneficiar a unos pocos, que de por sí vienen explotando su condición de periodistas, concesionarios y gestores culturales y educativos para establecer un statu quo en la radio y la tv pública de inmodificable e intocable.
El proyecto hacía transito normal en el congreso, cumpliendo los parámetros constitucionales de socialización, audiencia, consulta y mesas interdisciplinarias, hasta que el contratista del Estado Santiago Rivas, director de un programa llamado “los puros criollos” emitido por Señal Colombia, formó intifada porque el Sistema de Medios Públicos en ejercicio de sus funciones y facultades reorganizó la parrilla de programación en el canal Señal Colombia.
La pataleta de Rivas sirvió de tarima para que se subieran los opositores del Gobierno de Iván Duque para construir la historieta que detrás del proyecto de modernización de las TIC lo que hay es una conjura para aplicar censura a los medios de comunicación. Entre las voces más rabiosas esta la de Daniel Coronell y Yamit Amat, actuales concesionarios del Canal UNO (canal público) el cual fue adjudicado a dedo por Juan Manuel Santos a pesar de la exigencia del Consejo de Estado de permitir pluralidad de proponentes en la subasta. Rara manera de aplicar el concepto de censura y transparencia.
Otra de las objeciones que la secta periodística realiza al necesario proyecto es la creación de un regulador convergente para el sector las TIC para agrupar en una sola institución pública las políticas, control, calidad y ejecución del funcionamiento de la televisión, radio, internet y telecomunicaciones, requerimiento de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT. Es irónico y sospechoso que cuando se propone una reorganización incluyente de las telecomunicaciones sean los periodistas quienes se opongan a la modernización del sistema de información en Colombia. De igual forma los opositores a la modernización del sistema de información se oponen a que lleguen nuevos inversionistas a participar en la tarea de conectar a toda Colombia a través del programa ultima milla en los rincones más apartados que además genera valores agregados para la economía con más empleos.
El debate esta abierto, debemos celebrarlo, por eso es fundamental que se evalué la importancia e impacto que tiene la actual televisión y radio pública, los canales regionales de TV. Revisemos el nivel de participación y de oportunidades que tienen los nuevos creativos de la TV y la Radio, las facultades de comunicación, los sectores comunitarios, los partidos políticos, o por el contrario, lo único que interesa en este ruido creado en torno al proyecto es mantener privilegios de concesionarios, contratistas, operadores, gobernadores y alcaldes que convirtieron estos valiosos escenarios de información y poder en santuarios políticos, contractuales entre un circulo que todos conocemos.
Lo poderoso de la conectividad, lo que busca este proyecto, es que ahí, en ese nuevo ágora de la universalidad esta la nueva democracia, eso pesa y debe motivar la aprobación y apoyo del proyecto.
Publicado: diciembre 17 de 2018
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