Que la extrema izquierda haya reaccionado con ira frente a la sensata decisión de migración Colombiade expulsar a Carlos Manuel Pino García, un sujeto vinculado laboralmente a la embajada de Venezuela en Colombia y quien estaba adelantando acciones de espionaje, particularmente contra los ciudadanos venezolanos que habitan en los refugios establecidos en distintos puntos de nuestro país, es señal de que se ha hecho lo correcto.
Pino García tenía antecedentes de relaciones con la banda terrorista de las Farc. En 1999 fue capturado por la Fuerza Pública en un campamento de esa organización delincuencial y no obstante la gravedad del hecho, además de quedar impune, el gobierno de la época -en cabeza de Andrés Pastrana- no lo quiso expulsar de nuestro territorio.
En el gobierno de Iván Duque hay cero tolerancia frente a las acciones hostiles de cualquier país. El gobierno venezolano, declarado enemigo de nuestra democracia, no puede acosar, ni hostigar a los refugiados que son personas que huyeron de las garras de la dictadura.
Carlos Manuel Pino estaba adelantando actividades de espionaje y promoviendo desórdenes y manifestaciones, actividades claramente irregulares que obligaron a nuestra cancillería a actuar de manera contundente y sin dilaciones.
Ese antisocial fue conducido por nuestras autoridades migratorias a la frontera y expulsado, siempre respetándole sus derechos. Las imágenes del procedimiento no dejan espacio para las dudas: su retiro de Colombia se cumplió con estricto apego a los procedimientos establecidos para ese tipo de misiones.
Como era de esperar, la dictadura venezolana reaccionó de manera desproporcionada y violenta. El ministro de relaciones exteriores de Maduro, el matón Jorge Arreaza, a través de un comunicado cargado de improperios y en el que calificó la medida adoptada contra el espía Pino García como un “secuestro”, decretó la expulsión del vicecónsul de Colombia en Caracas, el señor Juan Carlos Pérez Villamizar quien tiene 48 horas para salir del territorio venezolano.
A Pérez Villamizar hay que recibirlo como un héroe del servicio exterior colombiano que ha sido víctima de los desmanes de la dictadura que lidera Nicolás Maduro Moros.
Lo cierto es que con la decisión contundente adoptada por la cancillería en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, nuestro gobierno envió un mensaje que no deja espacio para las dudas: acá no se va a tolerar ninguna acción urdida por la satrapía venezolana que ponga en riesgo la seguridad nacional o nuestra soberanía.
El agonizante régimen venezolano, cada vez más aislado, podrá expulsar a cuantos funcionarios diplomáticos colombianos quiera, pero ha quedado notificado: todos los delincuentes acreditados o contratados por las misiones diplomáticas o consulares que Venezuela tiene en nuestro país, están en la mira de nuestras autoridades y cuando existan evidencias de comportamientos ilegales, las personas involucradas, sin consideración ninguna, serán conducidas a la frontera y expulsadas, no sin antes imponerles una prohibición de 10 años para volver a pisar nuestro país.
Publicado: diciembre 20 de 2018
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