La reforma a la justicia es una asignatura pendiente que tiene el Estado colombiano desde hace más de 20 años. La estructura de la rama judicial incorporada en la constitución de 1991, fracasó desde su nacimiento. Fue un error imperdonable que se hubiera acabado con la cooptación, pues ello dio paso para la politización de la justicia. Antes, los magistrados escogían entre ellos mismos a sus reemplazos. Hoy, los directorios políticos pueden meter sus manos en esas designaciones con una consecuencia nefanda: personajes de la más baja catadura, con perfil y condiciones para ser juez de un pequeño pueblo, han sido convertidos en magistrados de la corte suprema de justicia. Los ejemplos abundan.
Hechos bochornosos como el denominado cartel de la toga, una estructura delincuencial que involucra a muchas más personas de las que hasta ahora han sido mencionadas, es una manifestación del nivel de podredumbre y corrupción que existe en la justicia colombiana.
Una de las principales banderas del Centro Democrático en la campaña política de este año fue, precisamente, el de la reforma a la justicia. Urge que en nuestro país se lleve a cabo una depuración profunda a la rama jurisdiccional. Hay que despolitizarla y hay que reemplazar a buna parte de sus integrantes. No es posible que a las más altas cortes sigan llegando personajes corruptos como Leonidas Bustos, Gustavo Malo o sujetos de la más baja condición moral como el perseguidor político, Jorge Luis Barceló, un sujeto deleznable que acostumbra anunciar ante sus compañeros de juerga y tragos el sentido de sus decisiones judiciales.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero ha intentado sacar adelante una reforma a la justicia, empezando por la eliminación del corrupto, inoperante e innecesario consejo superior de la judicatura, entidad que maneja los recursos de la rama y promueve los nombramientos de los jueces y magistrados a través de las listas de elegibles.
Esa entidad es la célula madre de la politización de la justicia. Sus integrantes, que inmerecidamente reciben el calificativo de “magistrados”, son verdaderos operadores políticos que no observan el más mínimo interés por garantizar una buena administración de los recursos. Produce vergüenza las condiciones paupérrimas en las que trabajan los jueces de la República, sin los elementos técnicos mínimos para cumplir a cabalidad sus funciones.
La ministra Borrero cometió un error que le ha salido muy caro: buscar un consenso entorno a la reforma a la justicia.
Los magistrados, llenos de prebendas y de beneficios, además de tener garantizada la impunidad, no tienen el menor interés de ser reformados. Ellos no quieren perder uno solo de los privilegios de que gozan. Así las cosas, perdió su tiempo la señora ministra Borrero al tratar de lograr un acuerdo que es imposible e inalcanzable.
Ella ha puesto sobre la mesa su renuncia en caso de que el Congreso no apruebe la eliminación del consejo de la judicatura. No es necesario llegar a semejante extremo. Aquella amenaza no cambiará el curso de los acontecimientos.
En cambio, la ministra debe retirar ese proyecto de reforma presentado y dedicar sus esfuerzos en la redacción de uno nuevo que introduzca los cambios estructurales. El país esta ansioso de ver una nueva administración de justicia. Los “barcelós”, “malos” y “bustos” son ejemplos que sirven para entender que lo que hoy tenemos tiene que ser tirado al fondo de la basura.
Ahora bien, el gobierno tiene muchas alternativas a su disposición a la hora de acometer la reforma a la justicia. Una de ella, la más expedita, eficaz y razonable, es el de la asamblea nacional constituyente. De ser convocada, vastos sectores de la opinión la respaldarán y los colombianos podemos tener la certeza de que a ella concurrirán las mejores inteligencias de la nación con el propósito altruista de sentar las bases para que en Colombia se erija una administración de justicia digna, honorable y decorosa.
Publicado: noviembre 9 de 2018
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