Con la venia del gobierno de Juan Manuel Santos, el grupo guerrillero más antiguo de la historia de Colombia (las FARC-EP) logró salirse con la suya: indultar a sus integrantes, conservar los bienes que a la fuerza les arrebató a miles de colombianos y sentar a sus líderes, sin sacar un solo voto, sin verdad ni reparación, en las curules del Congreso de la República.
Ceder a las pretensiones de los subversivos le costó y le seguirá costando grandes recursos al Estado colombiano. Hoy se habla de un hueco fiscal de 14 billones de pesos, déficit que no solo es atribuible a los malos manejos del anterior gobierno, sino también a su interés desmedido por ‘traer de los cabellos’ una supuesta paz estable y duradera.
La celebración de 70 mil contratos y la creación de 17 mil nuevos cargos en el gobierno nacional, dan cuenta de las negociaciones a las que tuvo que recurrir Santos a cambio de que le otorgaran facultades especiales para emitir decretos con fuerza de ley, y así desarrollar lo pactado en La Habana. La popular ‘mermelada’ relució durante el último cuatrienio del expresidente.
En cuanto a la implementación de los acuerdos, las Farc siempre impusieron su voluntad; decidieron cuándo y cómo sería su entrega, escogieron a conveniencia los espacios donde se ubicaron las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), y supeditaron al gobierno a confiar en el censo militar que ellos mismos elaboraron.
Adicionalmente, el Estado colombiano implementó en su favor el pago de una renta básica de 700 mil pesos mensuales para cada uno de los 7 mil hombres que se acogieron al proceso; les brindó el servicio de salud, alimentación y la oportunidad de obtener 2 millones de pesos para desarrollar un proyecto productivo. En síntesis, les ofreció alternativas a las que ni siquiera pudo acceder durante el gobierno Santos la población libre de culpas: casi un salario mínimo, atención médica oportuna, un plato de comida y la posibilidad de hacer empresa.
Pero las dádivas para los exguerrilleros no se detienen ahí. Por cada uno de los 23 Espacios Territoriorales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se les llamó luego a las zonas veredales, se pusieron en marcha al menos dos esquemas de seguridad; cada uno de estos consta de dos o tres vehículos de alta gama, blindados, con un valor individual aproximado a los 400 millones de pesos, y 12 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con un sueldo aproximado a los 2 millones de pesos, es decir, unos 24 millones mensuales.
No obstante, casos como el de Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’ y José Lisandro Lascarro alias ‘Pastor Alape’ son especiales: ‘Timochenko’ utiliza un esquema conformado por ocho camionetas, 19 escoltas de la UNP y tres coordinadores de la Policía Nacional; y ‘Pastor Alape’, cuatro camionetas, 10 escoltas de la UNP y dos coordinadores de la Policía. La pregunta es ¿cuánto le cuesta eso al Estado?
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 se calcula que la implementación de los acuerdos de paz y el posconflicto tendrán un costo de 129,5 billones de pesos que deberán invertirse durante los próximos 15 años; de ese monto, 4,3 billones serán utilizados para satisfacer las aspiraciones políticas de los cabecillas de las Farc, una cifra igual para reparar a las víctimas, la cual debería ser aportada por los victimarios pero les falta voluntad, y lo demás será para acabar el conflicto, las drogas e implementar una reforma rural integral.
Válido es pensar que no hay suma que exceda los deseos de vivir en un país en paz, sin embargo, las Farc incumplieron con la fecha estipulada para dejar las armas; faltaron a su compromiso de entregar las caletas, los bienes que le arrebataron a la población colombiana y, como es probado, continúan beneficiándose de las rutas del narcotráfico que siempre han dominado, convirtiendo este proceso en una completa farsa en la que, si bien ya no hay atentados, sigue siendo el tráfico de estupefacientes el peor de los problemas sociales.
Hoy atravesamos por una crisis estudiantil, con marchas y vandalismo, a través de las que se exigen más recursos para las universidades públicas que, vale la pena recordar, tienen el presupuesto más alto de los últimos ocho años. Las centrales obreras amenazan al gobierno con hacer paro por la ley de financiamiento, pero a nadie he escuchado decir que en gran medida la crisis que hoy enfrentamos se debe a la paz que ellos mismos apoyaron sin restricción, y sin tener en cuenta que de manera reiterada advertimos sobre esta situación. Es necesario que se mantenga la justa proporción y entre todos asumamos responsabilidades.
El gobierno Santos lleva sobre sus hombros la responsabilidad de dejar un país desfinanciado por el despilfarro del proceso de paz, y al presidente Duque no deberán culparlo de eso. Sin embargo, el protagonismo y egoísmo desmedido de muchos, empezando por el perdedor Gustavo Petro, que atiborra al país de mentiras, ha impedido que algunos colombianos entiendan que esa paz mal construida dejó al país sumido en una profunda crisis.
Ahora que incluso la paz tambalea por falta de recursos para implementar los acuerdos, valdría la pena cuestionar a los exmilitantes de las Farc sobre su compromiso con el país, e invitarlos a devolver todo lo que les quitaron a los colombianos y lo que ganaron con el narcotráfico, para contribuir en la financiación de lo que resta del proceso, ¿y por qué no? Para solucionar los problemas que afronta este país, al que durante años ellos mismos sumieron en la pobreza.
Es curioso escuchar en el Congreso a los representantes del ahora partido política Farc, exigiéndole verdad al gobierno, recursos para la educación y protección para los líderes sociales, lo que nunca han hecho con el señor Romaña para que no siga desplazando campesinos en Uribe, o con ‘Timichenko’ y ‘Pastor Alape’, para que no sigan usando las ETCR en favor de la reorganización de la estructura delictiva de las Farc, como manifiesta la comunidad del sur del Meta.
Tampoco se escucha a los voceros de las Farc en el Congreso diciéndole a Iván Márquez que dé la cara y nos diga si son ciertas las denuncias de su sobrino. Ser congresista no solo es sentarse a criticar al gobierno en una línea tendenciosa guiada por Petro y sus alfiles, es también asumir la responsabilidad de las actuaciones de sus ‘compañeros de lucha’.
El gobierno Duque honrará el acuerdo, y así lo requieren miles de guerrilleros de base que sueñan con recuperar su vida después de varios años de secuestro en las filas de las Farc.
Así mismo, esperamos que los 10 representantes de esa guerrilla que ahora ocupan las curules del Congreso de la República, desde donde devengan salario gracias a esos impuestos que tanto critican -pero que ellos cobraban por vivir en sus dominios-, insten a los cabecillas volados para que entreguen los bienes que han mantenido ocultos y las cuentas que tienen en paraísos fiscales, pero sobre todo que le digan al país si van a honrar su palabra y a cumplir el acuerdo, o se van a burlar de los colombianos que a pesar de lo obvio confiaron en su palabra. Les pido a mis compañeros del Congreso que den la cara y nos digan cuál es la realidad de la tropa y sus camaradas.
Publicado: noviembre 14 de 2018
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