Néstor Humberto Martínez es uno de los abogados más reputados y afamados de Colombia. Como particular, ha ejercido su profesión con probada solvencia, convirtiéndose en representante de las firmas más importantes de nuestro país.
Como funcionario público, su impronta ha quedado en todos los cargos que ha ocupado. De lejos fue el único funcionario santista que respetó a la oposición uribista y abogó de frente por los derechos del expresidente Uribe y sus seguidores.
Su presencia en la Fiscalía General de la Nación ha sido motivo para que la sociedad recupere un poco la confianza perdida en la administración de justicia.
El noticiero Noticias Uno, de reconocida militancia política, ha revelado un video en el que el fallecido Jorge Enrique Pizano hizo una serie de revelaciones sobre el caso de corrupción de Odebrecht. En esa misma nota, se publicaron los audios de una conversación privada entre Pizano y Néstor Humberto Martínez, quien para ese momento era un particular, que no ejercía ninguna función pública.
Pero en la entrevista de Pizano hay una revelación que no puede pasar desapercibida. En efecto, el ingeniero fallecido aseveró que “…están los documentos que tiene la fiscalía, absolutamente todos los entes de control, la superintendencia de Industria y Comercio…son documentos que están encima de la mesa”.
Para la fecha de los hechos, el superintendente de Industria y Comercio era el cuestionado Pablo Felipe Robledo, perseguidor que fungió como policía político contra todos los empresarios que no marcharan al ritmo del gobierno de Juan Manuel Santos.
Resulta gravísimo que el superintendente Robledo haya engavetado la denuncia de Pizano. Él, como funcionario público estaba en la obligación de darle trámite a la misma, cosa que evidentemente no hizo y que abre la posibilidad para que, por lo menos, se le investigue penalmente por el delito de prevaricato.
No hay nada en la entrevista póstuma de Jorge Enrique Pizano que mine la integridad moral del fiscal general. Las grabaciones que fueron hechas de forma ilegal por el fallecido Pizano, no demuestran comportamiento irregular alguno por parte de Néstor Humberto Martínez quien, debe insistirse, en el momento de los hechos era un abogado particular que estaba recibiendo una información por parte de un amigo.
Tan pulcro ha sido el proceder del fiscal Martínez Neira que él, desde el primer momento, se declaró impedido para participar en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, precisamente por sus vínculos sociales y profesionales con personas y empresas involucradas en ese escándalo.
No es la misma situación para el polémico exsuperintendente Pablo Felipe Robledo quien sí estaba obligado a obrar con base en la información que le proveyó el señor Pizano.
Es sabido que Robledo ejerció la Superintendencia con toda suerte de sesgos. ¿Por qué engavetó las pruebas que Pizano asegura haberle entregado? ¿Qué hizo con las mismas? ¿Le fueron entregadas por el Superintendente o uno de sus asesores –entre ellos Laude Fernández- a las personas implicadas?
Este episodio debe ser esclarecido sin perder ni el foco ni la perspectiva: de todo lo que dijo Jorge Enrique Pizano al militante Noticias Uno, lo único relevante y trascendental es lo que tiene que ver con Pablo Felipe Robledo, un sujeto oscuro que tapó ilegalmente información clave respecto del caso Odebrecht, de lejos el peor escándalo de corrupción de nuestra historia reciente.
Publicado: noviembre 14 de 2018
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