No suficiente atención se ha prestado a los resultados del último censo poblacional, hecho por Santos a principios de este año, que costó una fortuna y permitió contratar muchas personas en pleno período electoral.
En lugar de los casi 49.8 millones de habitantes que se proyectaban para este año con base en el censo del 2005, seríamos solo 45.5 millones. Una diferencia de 4.5 millones, un 9% menos de lo previsto. Eso significaría que, de entrada, Colombia sería un país mucho más rico de lo que suponíamos y que el PIB per cápita no sería de 14.552 dólares sino de 15.692, acercándonos rápidamente a los países de ingresos medio alto. También mejoraríamos mucho en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, indicador de calidad de vida donde el PIB per cápita tiene un peso relevante. Una consecuencia adicional sería que el país sea más atractivo para los inversionistas porque habría mucha mayor capacidad de consumo.
Por la otra cara de esa misma moneda, tendríamos muchos menos pobres. Hoy se calcula que, de acuerdo con sus ingresos, el 26,9% de los colombianos son pobres. Si el nuevo censo tiene razón, ya no serían 13.2 millones sino un millón menos. Un millón menos de necesidades y de subsidios. Y mucho menor presión demográfica en las ciudades, de manera que el déficit de vivienda sería también más bajo.
Y si son menos las familias, debe haber muchos menos niños y adolescentes para educar y se necesitarían menos maestros, escuelas, personal administrativo y directivo. De hecho, habría una sobre oferta y no serían ciertas las cifras de niños por fuera del sistema que algunos tasan en casi 300 mil.
Ahora bien, también habría consecuencias negativas. La primera, que las cifras de violencia son peores de lo que suponíamos, puesto que se miden por cada cien mil habitantes. Si somos menos, las tasas de criminalidad son mayores a lo previsto, a pesar de que tendríamos porcentualmente muchos más jueces, fiscales y policías, las claves de cualquier sistema de seguridad ciudadana.
La segunda es mucho más complicada y abre distintos interrogantes. Por ejemplo, en septiembre de este año las cifras del Ministerio de Salud muestran 47.008.750 personas afiliadas. Es decir, 1.5 millones más afiliados que habitantes colombianos hay según el censo.¿El sistema no está depurado y tiene mucho muertos? ¿Doble afiliación? ¿Hay un fraude sistemático y masivo por parte de las EPS y de los entes territoriales? Ocurre que el Estado desembolsa una suma cercana a los 750 mil pesos por cada afiliado, lo que se denomina unidades de pago por capitación (UPC). Y trampa ha habido: sabemos que el Saludcoop del infame Palacino inflaba números para recibir más UPC. ¿Pero el fraude se extiende a otros operadores?
No menos graves son sus consecuencias en materia electoral. Si bien se equivocan quienes dicen que las cifras del censo modificarían los resultados de el referendo contra la corrupción (los umbrales se fijan como porcentajes del censo electoral y no de la población), no es menos cierto que sería indispensable y urgente una depuración de ese censo porque sus cifras no serían coherentes con las del censo poblacional: la participación ciudadana sería mucho mayor, la abstención mucho menor y debería haber doce representantes a la Cámara menos.
En fin, las nuevas cifras del Censo afectarían también el Sistema General de Participaciones y el de Regalías y las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales. Y debería obligar a estudiar mejor el presupuesto porque no seríamos sino 11.4 millones de familias y no 12.5 y de ninguna manera tendríamos el déficit de 14 billones sino uno mucho menor que, en consecuencia, evitaría al menos en parte el establecimiento de nuevos impuestos.
Sin embargo, ocurre que distintos expertos, como Jorge Bustamante, resaltan que los resultados del Censo obligan a una auditoría a fondo, con miras a establecer si hubo falencias graves en su construcción y aplicación técnicas o si los problemas son de los censos anteriores. Como sea, lo que está claro es que el asunto es vital. Del Censo dependen la pertinencia, eficiencia y eficacia de las políticas y programas de acción pública para responder a las necesidades y demandas ciudadanas.
Publicado: noviembre 27 de 2018