El exterrorista del M-19, Gustavo Petro tiene el firme propósito de reventar en mil pedazos al Estado colombiano, promoviendo acciones violentas disfrazadas de “protesta social”. En las pasadas elecciones presidenciales, el gremio de profesores, Fecode, respaldó activamente la campaña de Petro.
A través de un comunicado, esa federación, abiertamente afín al modelo chavista, anunció su respaldo al candidato castrochavista en la pasada segunda vuelta. Desde el mismo instante en que se confirmó la aplastante victoria del candidato uribista, Iván Duque, Petro y sus aliados –entre ellos Fecode-, se dieron a la tarea de planificar toda suerte de acciones tendientes a torpedear el buen transcurso del nuevo gobierno.
El chavista Petro lo ha dicho de todas las formas: su objetivo es el de “movilizar” a los sectores más reaccionarios, violentos y agresivos con el fin de poner en jaque al país.
Muestra de ello han sido las violentas manifestaciones de estudiantes, en las que han abundado las acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra emisoras de noticias, particularmente RCN, una cadena que, precisamente, ha sido crítica del comportamiento deleznable y ruin de Gustavo Petro.
El responsable político y judicial de todo lo que ha sucedido y lo que pueda suceder de ahora en adelante es Gustavo Petro. Una cosa es ejercer la oposición y otra muy distinta es valerse de ese privilegio democrático para planificar e incitar acciones violentas.
En el código moral de Petro no hay delimitación clara entre el bien y el mal. Él, un sujeto que se valió del terrorismo para amedrentar a la sociedad, que hizo parte de la “comandancia” de una banda criminal que secuestró, violó mujeres, incendió el Palacio de Justicia y asesinó a ciudadanos inocentes –el líder sindical José Raquel Mercado es uno de los muchos ejemplos de civiles inermes que fueron torturados y asesinados por el grupo de Petro-, no tiene problema ninguno en transgredir los límites legales para efectos de lograr sus objetivos personales.
El gobierno del presidente Duque ha enfrentado como corresponde los desafíos de Petro. Mientras los seguidores del jefe chavista incendian y agreden alevosamente, la Fuerza Pública y el Ejecutivo han respondido con responsabilidad y sentido democrático.
Pero los acontecimientos están tomando un rumbo supremamente peligroso y corresponde adoptar las medidas necesarias para evitar que Petro termine de incendiar y de polarizar a nuestra sociedad.
Ha trascendido que se está convocando a un paro nacional, el cual tiene el propósito macabro de afectar al gobierno nacional que está trabajando responsablemente para enderezar al país arruinado que dejó Juan Manuel Santos.
Petro abusa del derecho constitucional a la protesta, para sacar provecho político. Cuando era alcalde de Bogotá, paralizó a la ciudad y afectó a millones de capitalinos, quienes tuvieron que sufrir los abusos que cometió luego de que fuera justa y legalmente suspendido e inhabilitado del cargo. Nadie puede olvidar que Petro se pasó por la faja las leyes de contratación pública para hacer el negociado de las basuras, hecho por el que fue sancionado por la Procuraduría y también por la Contraloría.
Aquel que en su momento hizo parte de la bandola terrorista al servicio de Pablo Escobar, organización que se tomó e incendió el Palacio de Justicia, 33 años después –y a pesar de haber sido generosamente amnistiado por la sociedad- sigue en la misma actitud pirómana: ahora, su objetivo es Colombia.
Publicado: noviembre 13 de 2018
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