Un día de las últimas semanas, muchos colombianos, quizás la mayoría, amanecieron “traicionados” por el Presidente Iván Duque, porque este hizo una propuesta de extender el Iva a la oferta de una amplia gama de productos de la canasta familiar, de la cual surten todos los estratos de la comunidad nacional. Pobres, medianamente ricos y ricos de solemnidad, incluyendo a varios gremios, soltaron sus críticas aceradas contra el gobierno en la cabeza del Ministro de Hacienda, Carrasquilla, y obviamente contra el Presidente.
Todos los colombianos sabíamos, desde meses atrás a la elección del actual gobierno, que la “hacienda pública”, el Estado Nacional gubernativo, estaba en quiebra y la “olla raspada” que heredaba Duque lo conducía a la trampa más peligrosa y explosiva. El presupuesto aprobado por el Congreso anterior, de mayoría santista, convertido en ley de la república, tiene un déficit, un faltante que va entre 14 y 25 billones de pesos. Santos dejó una herencia negativa en las finanzas de la nación y se escurrió para Londres, herencia de despojos proveniente del mal manejo de la economía pública basada en una deuda externa que compromete un alto bocado anual de los ingresos, en la nómina de empleados y funcionarios del Estado, en los rubros de los privilegios a sus congresistas y paniaguados contratistas que llamamos “mermelada” pero que son verdaderos sobornos oficiales, en los compromisos de gastos anticipados y que impiden a la nueva administración inversiones futuras ya comprometidas y asignadas. Las promesas y los pactos de la paz santista involucran enormes desembolsos que afectan el erario público de manera gravosa. En fin, una economía pública o estatal obturada y con las arcas vacías. Esta catástrofe anunciada estaba en conocimiento de la opinión pública, en la ciudadanía.
También sabíamos que el Presidente Duque no es un mago que con su varita mágica barrería el maleficio y haría llover leche y miel. Sabíamos que sería una etapa dura, con sacrificios, pero segura. Que este cuatrienio necesita ajustes económicos, fiscales e institucionales. Y que no existen medidas taumatúrgicas, para sanear la situación sin apelar a las cargas impositivas, al recorte de los gastos estatales o a aumentar la deuda externa. Los impuestos son, desde que apareció el Estado, la principal fuente de recursos para que funcionen las actuales instituciones: los municipios, los departamentos, el gobierno central, la estructura diplomática, etc. Es con plata que se han resuelto los problemas de las universidades, del profesorado, de los estudiantes, de los maestros. Y es con plata que se arreglarán los asuntos de la salud, de la seguridad social y de la solidaridad emergente con los migrantes venezolanos.
¿Es una propuesta equivocada extender el Iva a la sensible canasta familiar? Por supuesto que sí. Es políticamente incorrecto porque recae en las clases medias que votaron copiosamente por la estabilidad social, contra el populismo y la violencia guerrillera y la olla neosocial-fascista del Foro de Sao Paulo, en vía de extinción. Es políticamente incorrecto, pero económicamente factible. Es una propuesta, no un decreto-ley. Está en el camino del debate y el Centro Democrático ya expresó su oposición. El balón se encuentra en la cancha del Congreso. La ciudadanía votante o no votante también tiene que ser coherente. No podemos avanzar hacia el futuro, sino hacemos sacrificios, sino ponemos la brújula hacia un mismo norte.
Jaime Jaramillo Panesso
Publicado: noviembre 6 de 2018
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