Lo que empieza mal termina mal dice el adagio popular y la JEP ha probado no ser la excepción a la regla. En el marco de las negociaciones en La Habana para llegar a un acuerdo que supuestamente le pondría el fin al conflicto con las Farc y le traería a Colombia la tan anhelada paz, Juan Manuel Santos y las Farc resolvieron crear una justicia alterna para juzgar a los guerrilleros, a los miembros de la fuerza pública y a los terceros que hubiesen sido parte del conflicto. El diseño de tal justicia estuvo a cargo del autodeterminado “Grupo de Seis” conformado por el abogado de izquierda Enrique Santiago, Álvaro Leyva Durán, Diego Martínez, Manuel José Cepeda, Douglas Cassel y el rector de la Universidad Externado de Colombia Juan Carlos Henao. Los primeros tres fueron escogidos por las Farc y los últimos tres por el gobierno, aunque los seis gozaban de todo el agrado de los negociadores de las Farc.
Por primera vez en la historia los criminales tendrían la oportunidad de oro de diseñar su justicia propia y de escoger a sus propios jueces que les aplicarían penas alternativas, es decir, ni un día de cárcel sin importar la gravedad de los delitos a cambio de decir toda la verdad y de comprometerse a la no repetición. A pesar de que la JEP fue vencida en el plebiscito precisamente por sus antecedentes y por el grave significado que le impregnaba a la ya maltrecha imagen de la justicia colombiana, el gobierno Santos y las demás ramas del poder público le soplaron vida al engendro. La JEP nació con una grave crisis de credibilidad y no ha hecho nada para desmentir lo que todos sabíamos: la JEP es una justicia diseñada por y para las Farc.
Cualquiera pensaría que la totalidad de los miembros de las Farc aprovecharían la oportunidad dorada de integrarse a la sociedad civil sin consecuencias penales y con elegibilidad política a pesar de haber cometido los mas horrendos crímenes contra la humanidad. Sin embargo, cómo es tan difícil romper viejos hábitos, el jefe guerrillero Jesús Santrich acompañado de otros cómplices fue capturado el 9 de abril de este año conspirando para traficar diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz hizo las siguientes declaraciones pocos días después de la captura de Santrich: “La norma establece unos términos específicos a los cuales tendrá que acogerse la Sección de Revisión, que son 120 días una vez la Fiscalía entregué el material probatorio, esto dependiendo de la disponibilidad que haya del acervo y que requiera para poder establecer lo que la ley le impone. No es tan sencillo decir que la JEP define solo una fecha para el caso de Santrich, hay que analizar qué conductas fueron cometidas antes y después del proceso de paz”. El período de 120 días ya pasó y la JEP aun no ha logrado determinar si la conducta por la cual Estados Unidos lo solicitó en extradición se cometió antes o después de firmado el acuerdo. Y es eso lo único que la JEP necesita decir, ya que la culpabilidad o no de Santrich tendrá que ser determinada por el juez del circuito de Nueva York que lo está requiriendo.
Algunos miembros de las Farc no son los únicos desaprovechando la oportunidad ofrecida en bandeja de plata, la JEP está cometiendo el mismo error. A un caso de repetición flagrante como el de Santrich no se le puede dar largas por el temor de las repercusiones que pueda tener en el proceso de paz porque la peor repercusión es la carencia de credibilidad en el mismo. Llegó el momento de que los magistrados de la JEP tomen la única decisión posible y es la de decir que Santrich, de acuerdo a las pruebas suministradas, sí cometió el ilícito después de firmado el acuerdo para que enfrente el juicio en Nueva York. En estos momentos de incertidumbre y de incredibilidad el pueblo colombiano está esperando la noticia de que Santrich será extraditado y que por lo menos uno de esos bandidos pagará por sus crímenes como debe ser, detrás de las rejas y no sentado en una curul en el Congreso de la República.
Publicado: noviembre 9 de 2018
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