En un reportaje que parece una pieza publicitaria, el cuestionado magistrado Luis Hernández quien funge como presidente de la sala penal de la corte suprema trató infructuosamente de explicar las chuzadas ilegales que se le hicieron al presidente Uribe por parte de la corte a la que él pertenece.
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Ninguna credibilidad merece ese magistrado, colega y amigo íntimo de los delincuentes que hacían parte del cartel de la toga. Aquí nadie puede llamarse a engaños y creer equivocadamente que el cartel de la toga solamente estaba integrada por los magistrados Malo y Bustos. Es claro, es evidente que ellos no fueron los únicos togados que vendieron, cual vulgares mercaderes, sus decisiones judiciales. Lastimosamente, son los magistrados de la sala penal quienes se han encargado descaradamente de echarle tierrita a ese escándalo esperando que los procesos contra Malo y Bustos mueran de inanición en el congreso de la República.
Hernández y Barceló están en un grave problema. Primero, nadie puede creer en la transparencia de esos magistrados que hablan y se comportan como enardecidos opositores políticos del presidente Uribe, olvidando que ellos son unos jueces. ¿Puede el magistrado Hernández revelarle al país, por ejemplo, cuáles son los inmuebles que él o su familia inmediata poseen y contar el origen del dinero con el que estos fueron adquiridos?
Ante las arbitrariedades de la justicia y las dudas que pesan sobre la solvencia moral de los magistrados, la sociedad tiene la libertad de conocer las irregularidades y analizar las críticas que sobre el comportamiento inmoral e ilegal de los magistrados se puedan elevar.
Una de las quejas de Hernández en la entrevista/propaganda que dio a una emisora de radio se concentró en los señalamientos que se hacen contra algunos magistrados de la corte suprema a través de lo que él llama “portales de ‘interné’ (sic)”. En vez de atacar la libertad de prensa y de expresión, ese pretendido jurista debería suscribir un pacto de transparencia ante la sociedad y comprometerse a ejercer sus funciones con apego a la ley, asegurando que jamás en su vida ni él ni sus colegas volverán a incurrir en actos ilícitos como en efecto fueron las chuzadas que le ordenaron hacer al presidente Álvaro Uribe Vélez.
La confianza en la corte suprema se ha perdido y no es algo de ahora. Desde aquellos días aciagos en los que los magistrados aseguraban que Colombia estaba viviendo “el siglo de los jueces”, cuando personas como Yesid Ramírez Bastidas y otros como el fallecido Augusto Ibáñez se dejaban agasajar por el mafioso Giorgio Sale, mientras enredaban la elección del fiscal general de la nación, el país empezó a entender que un sector de la justicia colombiana estaba perfectamente corrompido y cooptado por el narcotráfico.
Personas como Hernández y Barceló, así como Bustos y Malo, son una verdadera deshonra para la rama jurisdiccional y, por supuesto, para nuestro sistema democrático.
Publicado: octubre 11 de 2018
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