Una de las grandes deformidades inaceptables e inadmisibles del acuerdo ilegítimo entre Santos y Timochenko, fue el haber puesto a los soldados y policías de la Patria al mismo nivel de los bandoleros de las Farc.
Es evidente que algunos miembros de la Fuerza Pública cometieron actos ilícitos, pero nunca nadie puede aseverar que se trató de una norma de conducta generalizada y sistemática.
Pero resulta totalmente injusto que mientras los guerrilleros que cometieron toda suerte de delitos, que violaron agresivamente la constitución y las leyes colombianas sean tratados como pares de los soldados colombianos.
Se ha propuesto desde el uribismo que si los terroristas van a ser beneficiarios de amnistía e indulto, los soldados y policías que son objeto de procesos judiciales reciban un tratamiento diferenciado que suspenda las investigaciones y las penas que les han sido impuestas.
Es una afrenta al honor militar lo previsto en el acuerdo con los bandidos de las Farc, en el sentido de que soldados y terroristas serán tratados de la misma forma en la JEP.
Se equivocan quienes creen que el acuerdo con los terroristas quedará intacto. No se trata de “hacer trizas” lo pactado, pero sí de introducir cambios sustantivos para efectos de darle un mínimo de legitimidad.
Es mucho lo que Colombia le debe a sus Fuerzas Militares y de Policía. Ellos son unos héroes que ofrendaron su vida por defender al país del desafío terrorista y no es decoroso ni aceptable lo que miserablemente Santos decidió para ellos.
Por eso, hay que crear una sala especial para la Fuerza Pública, que empiece por ordenar la libertad inmediata de todos y cada uno de los uniformados privados de la libertad, sin importar cuál es el delito que se les imputa, ni el estado en el que se encuentren sus respectivos procesos.
Resulta inadmisible que delincuentes de la peor laya como los actuales parlamentarios que hacen parte del partido de las Farc –organización que sigue siendo considerada como terrorista por los Estados Unidos-, tengan el atrevimiento de participar en las discusiones sobre el futuro de los militares, argumentando que cualquier decisión que se tome a favor de ellos atenta contra el acuerdo que les regaló Juan Manuel Santos.
En el mundo contemporáneo la impunidad de crímenes atroces como los cometidos por las Farc es absolutamente insostenible. Hace poco, la justicia peruana reversó el indulto constitucional que el presidente del Perú le concedió a Alberto Fujimori. Las Farc, no se limitaron a robar vacas y gallinas. Sus cabecillas y buena parte de sus integrantes cometieron delitos contemplados en el Estatuto de Roma y por más grande que sea el esfuerzo de la ideologizada JEP por matizarlos, temprano o tarde esos sujetos tendrán que pagar, no precisamente ocupando sendas curules en el Congreso de la República.
Merece todo el respaldo el esfuerzo que está haciendo el Centro Democrático y particularmente el presidente Uribe por reivindicar los derechos de los soldados, quienes no pueden seguir siendo tratados como si fueran una despreciable escoria.
Publicado: noviembre 1 de 2018
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