A comienzos de 2016 en una amigable tertulia con un Senador de la República, me enteré que dos jóvenes delfines, uno de ellos hijo del recién elegido alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suarez y el otro, hijo de un muy respetado y grande empresario de Santander, habían visitado al gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga –EMAB- para indicarle el interés que tenían por la implementación de un sistema novedoso para dejar de enterrar la basura y convertirla en biomasa celulósica para producir energía, combustible y abono orgánico. Supe perfecta e inmediatamente que se trataba de un interesante negocio. Sin embargo, a los pocos días conocí que el gerente de la Empresa de Aseo, Samuel Prada Cobos quien tenía un nombramiento por periodo, había sido retirado del cargo por decisión de la Junta Directiva por medio de una decisión sin antecedentes: “Despido sin justa causa y pago de indemnización respectiva”. Entendí e interpreté que Samuel, el gerente, resultaba incómodo para la materialización del negocio propuesto por el hijo del alcalde y su socio integrante de una familia poderosa.
Meses después todos los ciudadanos conocimos que en la EMAB se estructuraba una licitación cuyos pliegos comenzaban a tener ruido. El alcalde Rodolfo Hernández, hasta ese momento con una aureola de pulcritud defendía el proceso licitatorio con el argumento que se trataba de una belleza tecnológica para volver la basura energía y que el municipio no tenía que poner nada sino la basura. Se polarizó el tema y el nuevo gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga puso la cara para defender el proyecto. La presión política y ciudadana hicieron que la Procuraduría interviniera y propusiera un aplazamiento de la licitación por algunas inconsistencias que halló. El alcalde expreso en medios de comunicación al ser interrogado por el contrato, que “va porque va”. Pero inesperadamente algo extraño sucedió: Apareció un contrato de corretaje suscrito por el hijo y la esposa del alcalde que comprometería unos dividendos a perpetuidad, una utilidad de por vida para los familiares del alcalde como contraprestación por la eventual adjudicación del contrato a la firma Vitalogic RSU. El proyecto se acabó y Rodolfo Hernández tuvo que dar explicaciones del contrato de corretaje y desvirtuar la injerencia de su familia en el negocio. Sin embargo ya era evidente. Se sumó a eso, que uno de los directivos de la firma Vitalogic RSU apareció reseñado en una investigación por lavado de activos en Rumania. El negocio quedo igual que la basura: Enterrado. El alcalde Rodolfo Hernández Suarez dijo lacónicamente que la corrupción había tocado a su casa, pero que él no la había dejado entrar y aunque no fue él, sino la presión ciudadana y la acción de la Procuraduría, el asunto quedo en silencio, pues el alcalde de Bucaramanga se ufana de ser muy amigo del Procurador General Fernando Carillo Flórez y del Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira.
No se veía solución al problema del relleno sanitario de El Carrasco. Tal vez por pena porque cada vez que asomaba el tema le recordaban la irregular actuación de su familia, o queriendo esperar a que colapsara y contratar por urgencia manifiesta, el alcalde de Bucaramanga comenzó a hacer nada y a dejar que el problema avanzara. El 2 de marzo de este año, la ANLA que es la autoridad en licencias ambientales, requirió a la EMAB para que presentara un estudio para el desmantelamiento y abandono definitivo del relleno sanitario El Carrasco, incluyendo las actividades de reconformación, revegetalización y restauración final de terreno. Pese ello, no se hizo mayor cosa y diariamente continúan depositando allí 1.000 toneladas de basura. Esta semana el relleno se reventó. Una de sus celdas dejo expuestas miles de toneladas de basura y olio mal en toda la meseta de Bucaramanga. La Anla, la CDMB, la EMAB y el Área Metropolitana que la integran Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, se miran las unas a otras y coinciden en que se debe buscar y hallar solución, mientras la ciudadanía recuerda el episodio del hijo del alcalde de su relación indebida con Vitalogic RSU.
Todos los actores públicos, la clase política, los dueños de los medios de comunicación y la ciudadanía que comienza a entender, saben que hoy la basura es una materia prima para producir dinero. Ese negocio debe estructurarse pensando en el bien común, en el interés general. Deben dejar de pensar solamente en hacer dinero para sus cuentas individuales. La basura es de todos. Las nuevas tecnologías para su manejo deben implementarse. La adopción de tecnologías verdes, que invita al abandono de sistemas de manejo húmedo para disminuir los problemas ambientales y el calentamiento global no da espera. El área Metropolitana como entidad, está en mora de liderar la estructuración de una empresa, que puede ser a nivel de sociedad de economía mixta, en la que participen no sólo los cuatro municipios del área, sino todos los que deseen aportar sus basuras, para que se licite y se venda el derecho a implementar las nuevas tecnologías, en la que se escoja la mejor propuesta, con objetividad y transparencia, sin oscuros contratos de corretaje.
Publicado: octubre 9 de 2018
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