Durante muchos años se ha discutido en el País la posibilidad de establecer la prisión perpetua para violadores de niños. Referendos, actos legislativos y un conjunto sin fin de propuestas han emergido en este sentido para endurecer severamente el castigo a los degenerados que se atreven a cometer semejante agravio.
Frente a ello, los sectores más liberales y garantistas se han opuesto rotundamente, sosteniendo que dicha medida solo es una expresión de populismo punitivo que busca réditos electorales y que, al final de cuentas, no termina disminuyendo los índices de comisión de la conducta, teoría que ha resultado, por ejemplo, en pronunciamientos de la Corte Constitucional que terminan tumbando la ilusión de justicia de toda la sociedad.
Sin embargo, al ver cada día como surgen nuevas noticias de barbaridades impensables cometidas contra niños inocentes me convenzo cada vez más de la necesidad de adoptar este tipo de medidas. Colombia no puede seguir siendo un País donde terminan teniendo más protección una partida de terroristas impunes antes que nuestra niñez.
La cadena perpetua es una medida que, esencialmente, lograría dos propósitos primordiales. El primero, es permitirle a la víctima y su familia tener la tranquilidad que sobre su agresor recae un severo castigo por el agravio perpetrado.
El segundo, es enviar un fuerte y claro mensaje a la sociedad que permita dejar muy en claro las severas consecuencias que ocurrirían si alguien se atreve a violentar la dignidad de un menor. Ese “miedo” a la ley, tan criticado por ciertos anarquistas, es uno de los aspectos que, en la práctica, permite que la gente se abstenga de delinquir.
Según Medicina Legal más de 17.000 niños han sido víctimas de violaciones en lo corrido del año. El daño emocional, físico y las secuelas psicológicas que se generan en un inocente niño en crecimiento son difícilmente reparables, por lo que esta medida es realmente imperiosa.
Ahora, nace un nuevo intento de lograr ese propósito. El Gobierno Duque busca apoyar un referendo para que, de una vez por todas, el claro clamor de la sociedad colombiana de establecer la cadena perpetua contra violadores de niños se materialice en un cambio normativo que haga caer todo el peso de la ley a esos abominables criminales.
Si con esta medida se logran disminuir el alarmante número de casos que se presentan en el País, su realización es sumamente justificada. La expedición de leyes y reformas no se puede ver cercenada por el devenir de los salvajes criminales con los que realmente no debería haber la más mínima contemplación.
Un Estado fuerte, que persiga la criminalidad con contundencia y cuyos jueces no terminen protegiendo al agresor por encima del agredido, son las características que se requieren para que la protección a la niñez no se quede en discursos retóricos de época electoral, sino en un verdadero compromiso institucional que haga realidad la responsabilidad de impartir verdadera justicia.
Publicado: octubre 5 de 2018
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