Las víctimas de la violencia se han convertido en un instrumento politiquero. Muchos se ‘rasgan las vestiduras’ por la situación de estos millones de colombianos y gritan arengas manifestando apoyos que se quedan en solo palabrerías que, fácilmente, se las lleva el viento.
Estos ‘indignados’ solo se acuerdan de las víctimas cuando están en la plaza pública o en los medios de comunicación, pero la pregunta que surge es si realmente saben, o por lo menos están pendientes, de cómo han sido tratados por sus propios victimarios y los funcionarios del gobierno que terminó dándolo todo en La Habana.
Si uno se refiere a las actitudes de los que empuñaron las armas haciéndose llamar el ‘ejército del pueblo’ y que hoy se pavonean por todos los rincones del país (muchos de ellos se movilizan tanto que ya ni las autoridades ni el Gobierno saben dónde están) se oyen expresiones desobligantes y descaradas.
La primera perla surgió con el señor Jesús Santrich (hoy detenido, acusado de narcotráfico y con solicitud de la justicia estadounidense para su extradición), quien en La Habana, con actitud burlesca y abrazado por su hoy escondido amigo, Iván Márquez, respondió cantando la pregunta de un periodista sobre si habrá perdón a las víctimas. Descaradamente entonó a capela: “quizás, quizás, quizás…”.
Lo mismo hizo Joaquín Gómez, quien en cámaras dijo que “no, yo no tengo porqué pedir perdón a nadie, sí habrá cuestiones que se hicieron de tipo colectivo, sí habrá familias y se dirá: ‘hombre’ nos extralimitamos, con exceso”, pero olvida que su amplio prontuario sí fue de excesos, tanto que tiene a su haber 55 órdenes de captura, 22 medidas de aseguramiento y todos sus crímenes sumarían un total de 330 años de cárcel.
Pero esta prepotencia, por así decirlo, se debe a que, la verdad, es que Santos dejó la casa desordenada, bastante desordenada, y de una forma muy mal hecha.
Dio beneficios a los bandidos que hoy se encuentran en el Congreso y a las verdaderas víctimas del conflicto las dejaron a un lado. Eso hay que cuadrarlo y decirles “paren acá, ustedes bandidos ya tienen de todo, démosle el espacio a las víctimas”.
Por eso, creo que el orden de las cosas es que las víctimas son las que deberían tener curules en el Congreso y no las Farc, o en su defecto, que la relación debería ser de tres curules para las víctimas por dos de las Farc.
Pero lo más triste es que los victimarios hablan de víctimas. Las Farc hoy dicen que Colombia no les presta atención a las víctimas, cuando ellos son los victimarios.
A eso se suma, que por parte del Estado también se quieren revictimizar a las víctimas. En la herencia que dejó Santos, a través de la Unidad de Víctimas, emanó la resolución 1958 del 7 de junio de 2018, que estableció el procedimiento para el acceso a la medida individual de indemnización administrativa.
Esta norma ya generó descontento entre las víctimas, en la medida en que el tema de la reparación determina la situación de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad para la priorización de la indemnización administrativa, lo que -en resumen- termina por revictimizar a las víctimas, debido a que a estos colombianos les va a tocar esperar más de una o dos décadas para que el Estado les reconozca y pague una indemnización que medianamente les repara su dolor.
Pero la lista no para. Con el caso de los líderes sociales que se convirtieron en carne de cañón de los violentos, ya llegamos al punto que, ni siquiera, nos sorprende.
Es imperativo que la Unidad Nacional de Protección actúe rápido y se protejan estas personas, porque no podemos continuar con el esquema de la condena a sus muertes sin que se tomen las medidas pertinentes a su protección.
En conclusión, ¿será que con canciones burlescas, desconocimiento del mal hecho, normas que alejan la reparación en el tiempo y campos llenos de sangre podremos responderles a las más de 8 millones 300 mil víctimas reconocidas del conflicto, según cifras -al primero de agosto de este año- de la misma Unidad de Víctimas?
Creo que ya es hora de reaccionar y actuar, no más palabrería.
Publicado: septiembre 7 de 2018
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