Como les he contado en las columnas anteriores, el país que recibió el Presidente Iván Duque tiene los números en rojo. Existe un déficit presupuestal de no menos de $25 billones que afecta principalmente la inversión social.
Lamentable. ¡Qué más podíamos esperar como herencia de un gobierno “derrochon”! No podemos ocultar la realidad. Lo cierto es que el anterior gobierno aumentó sus gastos de funcionamiento y transferencias de manera persistente entre 2011 y 2017; pasando de un gasto de $81 billones a $133 billones, dejando un gasto de funcionamiento proyectado para 2019 de $157 billones de pesos. Un crecimiento absurdo e injustificable.
Mientras la tendencia mundial en administración pública es la reducción del Estado y sus gastos, disminuyendo plantas de personal, número de contratistas y eliminando entidades innecesarias. En Colombia para darle contentillo y congraciarse con gran parte de la clase política y otras ramas del poder público, se implementó la estrategia contraria, en la cual día tras día se expande el Estado y sus costos de funcionamiento.
Para darles un ejemplo entre muchos, conocimos que a entidades como el DPS las dejaron con más de 800 contratistas. Así mismo dejaron al Ministerio del Trabajo, que cuenta con un número similar de contratistas. Son cifras tan altas, que existe un pico y placa de escritorios en las entidades para poder trabajar. Lo cierto es que estos casos se repiten a lo largo de las diferentes entidades públicas en Colombia. Y la única explicación logica que se le viene a uno a la cabeza, es la ‘MERMELADA’.
Es muy importatne precisar que además del exagerado número de funcionarios, se crearon nuevas entidades entre las que encontramos 14 agencias nacionales y 3 ministerios, las cuales sin duda las pagamos entre todos y nos generan una importante exigencia presupuestal. No se nos olvide que crearon entidades tan grandes como la UGPP que perfectamente podría ser una dependencia de la DIAN. Tambien usaron la creatividad para dar vida a otras como la Justicia Especial para la Paz, con un número tan extenso de nuevos magistrados que no quiero ni citar el dato.
El despilfarro en los gastos no solo se generó por el exceso de burocracia y contratación, sino en la compra de cortinas, almendras y otras desfachateces ya bien conocidas por los colombianos. A eso súmele los excesivos gastos de publicidad para tratar de posicionar a un gobierno que francamente no se conectaba con la ciudadanía. El palo no está para cucharas y el Estado no aguanta tanto derroche. Los que vamos a pagar los platos rotos somos todos los colombianos, pero especialmente lo van a pagar los más vulnerables. Los beneficiarios de los programas de inversión social que buscan paulatinamente sacar a nuestros compatriotas de la pobreza.
Tenemos la obligación de Pararle-Bolas a los gastos y lograr que regrese el Estado austero. El actual gobierno ha entendido la necesidad de reducir el tamaño del Estado y de volver a la austeridad de la que nunca debimos haber salido. Es por ello que celebramos el anuncio del Ministro de Hacienda del inicio de la implementación de la versión 2.0 del PRAP (Programa de Renovación de la Administración Pública), cuya primera versión fue implementada con mucho éxito durante el primer periodo de gobierno del Presidente Uribe. Las estimaciones del Ministro de Hacienda para la reducción de gastos y costos administrativos, proyectan un ahorro de 1.2 Billones de pesos en el primer año. ¿Esto quiere decir que tenemos nominas y contratistas por este valor, en funciones que no son necesarias? La respuesta es no. Son muchos más y esto es una muestra de la corrupción que existió en Colombia en los ultimos años.
La propuesta del Gobierno es que este ahorro por austeridad crezca año a año, permitiendo saldar parte del deficit fiscal Colombiano. Sin embargo, no quiero dejar de reiterar en este espacio la petición cariñosa y respetuosa que le hice el pasado jueves durante la sesión de Comisión Septima del Senado al Ministro Carrasquilla. Si bien es cierto que pretender reducir los gastos en $1.2 Billones en el primer año, es un ahorro importante; pero tan solo representa el 0,4% del presupuesto. No llega ni al 1% de los $259 billones que se le aprobó ya como monto en la Comisones Terceras y Cuartas Conjutas. El esfuerzo para lograr generar un Estado austero debe ser mayor.
Sin lugar a dudas el apretón del cinturon del gobierno debe ser más grande y profundo si queremos poder contar con los recursos necesarios para disminuir el deficit social que nos dejaron en el presupuesto y podamos generar una verdadera transfomación social que conduzca hacia la equidad.
Publicado: septiembre 10 de 2018