Urge que la fiscalía le revele al país los nombres de los funcionarios corruptos de la JEP que están facilitando que muchos miembros de la banda terrorista Farc, huyan de sus lugares de concentración y evadan su compromiso de comparecer ante ese benigno tribunal de “justicia”.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que hay funcionarios de la JEP “inescrupulosos” que se han prestado para incurrir en falsedades y fraudes procesales. Una denuncia gravísima que ilegitima aún más a la JEP, estructura que fue creada a la medida de las Farc para que sus integrantes puedan lavar allí todos sus crímenes con la garantía cierta de que recibirán castigos risibles. Las masacres, el reclutamiento de menores, los secuestros masivos y el desplazamiento forzado, delitos que son de lesa humanidad, serán sancionados con penas irrisorias como la limitación para salir del país, o limpiar un parque en determinada población. Una burla inaudita a la sociedad y a las víctimas.
Con todo y eso, hay miembros de las Farc que se resisten a comparecer ante la JEP, tribunal que no le ha revelado al país realmente cuáles jefes de esa banda delincuencial han atendido sus llamados. Está probado que a la audiencia en la que se iba a empezar el proceso por los secuestros, fueron citados 36 cabecillas de las Farc y solo llegaron 3, entre ellos el desafiante genocida y violador de niñas, alias Timochenko, quien ingresó al recinto del tribunal con el puño en alto y lanzando arengas a favor de las Farc, actitud con la que demostró que su arrepentimiento es igual a cero.
La JEP es una rueda suelta en el Estado colombiano. Sus magistrados y funcionarios pueden hacer lo que les venga en gana con total tranquilidad, pues saben que no hay autoridad capaz de ponerles una talanquera. Es sumamente grave que ahora haya evidencias de que estén favoreciendo estrategias criminales de los integrantes de las Farc que, apoyados por sus abogados, buscan sacarle el cuerpo a su compromiso de comparecencia ante ese tribunal.
Este nuevo desafío debe ser respondido con contundencia. Aquellos terroristas que hayan salido de los campos de concentración a los que fueron destinados, deben ser perseguidos por la Fuerza Pública. Es más: el gobierno no debe descartar de plano la posibilidad de reactivar las órdenes de captura de esos delincuentes. Personas como Romaña, Iván Márquez o El Paisa, son peligrosas y se constituyen en una amenaza contra la sociedad. Si ellos abandonaron el lugar en el que se encontraban confinados, no lo hicieron con el fin de emprender actividades turísticas por Colombia, sino a planificar acciones delincuenciales.
Y el gobierno de Duque no es como el de Juan Manuel Santos. Acá hay mando y hay determinación de combatir con todo el rigor del Estado a aquellos que atenten contra nuestra sociedad y nuestra democracia.
Lo cierto es que la JEP ha demostrado ser un ente incontrolable, al servicio del terrorismo y profundamente corrupto. ¿Hasta cuándo seguirá tolerando el pueblo colombiano la existencia de esa figura macabra que no sirve para absolutamente nada?
Publicado: septiembre 10 de 2018
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