De cuando en cuando los medios de comunicación que ejercen como opositores políticos del presidente Uribe, reviven el refrito de las cooperativas de seguridad, conocidas por el nombre de Convivir, creadas por un decreto-ley expedido en el año de 1994, por el gobierno de Cesar Gaviria.
Dicha norma, que incorporó el Estatuto de vigilancia y seguridad privada contemplaba en uno de sus artículos –el 42- que “se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”.
Esa misma norma ordenó que la licencia de funcionamiento de esas cooperativas debía ser emitida por la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo cumplimiento de una serie de requisitos fundamentales.
Aquel decreto-ley, como es natural, fue firmado por Cesar Gaviria y quien fuera su ministro de Defensa, el doctor Rafael Pardo Rueda.
Las cooperativas de Seguridad, que se pusieron en marcha formalmente en el gobierno de Ernesto Samper, eran una herramienta muy útil para garantizar la seguridad en las regiones donde campeaba el crimen organizado. Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, promovió la creación de Convivir en su departamento. Como bien lo dijo la oficina de prensa del expresidente en un comunicado público, “porque siempre [Uribe] ha creído en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública y la justicia, como factor de eficiencia y transparencia en materia de seguridad”.
La historia ha demostrado que unas pocas Convivir de las más de 700 que fueron aprobadas en todo el país, desviaron su función y se convirtieron en organizaciones delincuenciales. Uribe, como gobernador de su departamento, le reconoció personería jurídica a 67, menos del 10% del total nacional.
Aunque el control de las mismas le correspondía a la Superintendencia de Vigilancia, Uribe procedió a retirar la personería de 3 de ellas, puesto que a su oficina llegó información contundente de acciones que no estaban enmarcadas dentro de la ley por parte de sus integrantes.
Resulta inaceptable que se pretenda endilgarle responsabilidad alguna al gobernador del departamento donde unas Convivir -3 en total- desviaron su naturaleza. Aquello es tan absurdo como si alguien se atreviera a culpar al expresidente Gaviria y al exministro Pardo por las acciones ilegales llevadas a cabo por quienes abusaron de las Convivir para cometer delitos en todo el país.
La responsabilidad no es de quien hace la norma, ni de quien la promueve, sino de aquellos que la violan. Ese es un principio elemental del derecho que deliberadamente desconocen aquellos que con fines politiqueros llevan años enteros acriminando al presidente Uribe y buscando la manera de llevarlo a la cárcel al precio que sea.
Publicado: septiembre 5 de 2018
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