El Presidente de la República, junto al Procurador, Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, y su Ministra de Educación, acaba de presentar la nueva estructura para renovar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Básicamente lo que hizo el Gobierno Nacional fue meterle más institucionalidad, más ojos, para monitorear el PAE con mayor rigurosidad en calidad, cobertura, contratación y transparencia. De igual forma, anunció las metas de cobertura que deberá pasar de 5 millones a 7 millones de niños al finalizar el cuatrienio, y aumento presupuestal en un 48% para el 2019, para un total de $1.075 Billones.
Todo eso está bien. Quien se opone a que los niños de colegios públicos tengan ración complementaria de comida o almuerzos, alimento que termina siendo la única garantía nutricional del día para millones de niños. Ahora, el debate que se debería dar sin fundamentalismos ni populismo, es hasta donde llega el deber del Estado y donde inician los deberes de los padres con sus hijos. Un dilema entre alimentar o educar en medio del déficit presupuestal de la Nación.
Estoy convencido que nada ni nadie detendrá a quienes le meten la mano al PAE en las regiones. El sistema de contratación del PAE está estructurado para beneficiar jurídicamente a quienes vienen acumulando “experiencia e idoneidad” en los últimos años y sigan siendo los ganadores de este billonario presupuesto. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son cortas frente al poderoso cartel del PAE que ha demostrado no tener límites cuando se trata de robasen los recursos públicos destinados a la alimentación de niños estudiantes. Los mismos seguirán con las mismas. Nada cambiará.
El PAE no debería ser asunto contractual de gobernaciones y alcaldías. Los mismos gobernadores y alcaldes están pidiendo de dientes para afuera, “que les quiten esa tentación”. El PAE por su complejidad e importancia debe ser administrado por la Nación, por el Ministerio de Educación, donde junto a un equipo técnico interdisciplinario, el mismo que acaba de conformar el Presidente Iban Duque, sea el que realice la estructuración, adjudicación y vigilancia de la operación del PAE. La solución es quitarle el botín del PAE a los criminales no adornarlo.
El PAE debería tener régimen especial de contratación para permitirle a la Nación realizar convenios con empresas de reconocida probidad nacional e internacional que garantice no solo lo obvio, transparencia, sino que también garantice calidad y operatividad en todo el proceso del PAE. Por ejemplo: empresas como el ÉXITO, Carulla y otras de ese nivel empresaria deberían a través de sus fundaciones ser los operadores del PAE.
Es inaudito e incomprensible como todos los días se conocen episodios de corrupción en las regiones y no pase absolutamente nada. El cuento de la delegación contractual se convirtió en la fórmula perfecta para decretar inmunidad a los responsables de las administraciones regionales que por mandato constitucional recae en gobernadores y alcaldes. Ojalá la justicia en Colombia pase de acciones mediáticas y taquilleras a ser rigurosa y ejemplarizantes con quienes son los actores intelectuales de este crimen aberrante que tiene la altura de crimen de lesa humanidad.
Publicado: septiembre 24 de 2018
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