Pudo más el intenso lobby adelantado por la empresa BHP Billiton ante los magistrados de la corte constitucional, que los derechos de las comunidades aledañas a la mina Cerro Matoso, cuya salud se ha visto irreversiblemente afectada por la explotación indiscriminada y totalmente descontrolada de níquel.
Hace 6 meses, la propia corte constitucional había adoptado un fallo histórico que ordenaba la expedición de una nueva licencia ambiental como requisito para renovar el contrato de explotación, a la vez que ordenaba el pago de una importante compensación económica a las personas que han sufrido los estragos de la operación de la célebre mina ubicada en las afueras del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba.
Desde el mismo instante en que se conoció el primer fallo de la corte constitucional, el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria empezó a buscar la manera de tumbarlo. Estaba tan seguro del éxito de su gestión, que en distintos escenarios trascendió que él aseveraba tener “garantizados” los votos necesarios para reversar la decisión del máximo tribunal constitucional colombiano.
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En este debate jurídico lo que importaba era la defensa de los derechos de los cerca de 4 mil indígenas cuya salud había sido gravemente afectada por el pésimo manejo ambiental de la mina. Pero al final, la corte terminó inclinándose a favor de la irresponsable empresa, en detrimento de la reparación a que legítimamente tienen derecho las víctimas.
La decisión de la corte constitucional envía un mensaje tremendamente negativo. Al parecer, en Colombia pesan más los derechos de los empresarios inconscientes que los de las comunidades más vulnerables.
El favor que los magistrados de la corte constitucional le hicieron a los dueños de Cerro Matoso ahorrándoles el pago de la millonaria indemnización, es un elemento que se suma a otras decisiones igualmente desconcertantes, como la de considerar los abusos sexuales de los cabecillas de las Farc contra niños, como un crimen político y por ende amnistiable.
Poca tranquilidad debe tener el país al saber que la corte constitucional se convirtió en un centro para hacer trámites a favor de poderosos que atropellas y pisotean los derechos de ciudadanos desamparados, como en efecto son los indígenas de las reservas aledañas a Cerro Matoso.
Publicado: septiembre 21 de 2018
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