Cali y Yumbo han sido víctimas en las últimas semanas de varios incendios que han consumido más de 200 hectáreas de fauna y flora en los cerros tutelares que rodean estos importantes municipios de nuestro país. Y digo víctimas, porque estos eventos han sido causados por las “mafias de la tierra” que operan en el país.
Es una práctica despreciable que atenta contra de la vegetación, las diferentes especies de animales y la ciudadanía que vive en el perímetro urbano y en las zonas rurales. Esta situación ha desencadenando en una gran crisis ambiental y social. Estos DELINCUENTES están ocasionando incendios con el objetivo de “limpiar” el terreno, para posteriormente clavar estacas y delimitar pequeños lotes ilegales, los cuales después son vendidos a familias vulnerables e incautas por valores aproximados a los $2.000.000, con acuerdos verbales sin ningún fundamento jurídico, y con las características propias de asentamientos subnormales; sin condiciones sanitarias adecuadas, y con el riesgo latente de ser objeto de procesos de evicción, procesos legales reivindicatorios de dominio, y la consecuente pérdida de su tiempo y su dinero. Sin ningún tipo de pudor o dolor estas “mafias de la tierra” abusan de la buena fe de estas familias desprevenidas. Sencillamente los estafan.
Solo en Cali llevamos 407 incendios provocados por manos criminales, los cuales han consumido más de 300 hectáreas. Es más que evidente que esta actividad de incendiar para luego invadir se ha vuelto sistemática y común; pero es importante precisar que este no es un tema netamente regional. Por el contrario, las “mafias de la tierra” que primero ejercen la violencia para luego invadir, hacen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Con casos muy mediáticos en departamentos como Cauca, Tolima, Córdoba, Antioquia entre otros. Los casos de invasiones masivas que se dan alrededor del país incluso se han convertido en una piedra en el zapato para la Agencia Nacional de Tierras, cuyo director ha anunciado que no se compraran predios que hayan tenido invasiones.
En el Tolima, para darles un ejemplo, estas mafias son conocidos como “tierreros”, bandas que utilizan las vías de hecho para invadir predios de uso público y privado. En el corregimiento de la Martinica en Montería, en la finca Palmas de Chipilin, la cual había sido adjudicada a 45 familias por la Agencia Nacional de Tierras, se generó un improvisado incendio hace 3 meses que acabó con las pertenencias de los campesinos que habían recibido la tierra. Este incendio según las autoridades habría sido causado por invasores de tierras. Meses antes de manera violenta 100 familias habían llegado a invadir el terreno.
Lo triste y cierto de toda esta problemática es que las autoridades están maniatadas y en la práctica no pueden hacer mucho; y los bandidos lo saben. El nuevo Código Nacional de Policía, en su artículo 81° establece un límite de tiempo de 48 horas para poder proteger la propiedad, pública o privada de cualquier perturbación de éstos bienes inmuebles sin que sea requerido una autorización adicional de inspector o juez. Francamente 48 horas es una ventana de tiempo insuficiente y absurda para las capacidades de monitoreo y reacción de las autoridades locales ante las multitudinarias ocupaciones que amenazan nuestros cerros, bosques y ríos.
Tenemos que Pararle-Bolas a esta situación porque el país se nos está llenado de pirómanos y estafadores que afectan el medio ambiente, a la gente más humilde y el desarrollo urbano ordenado.
Debemos darle herramientas suficientes a la Policía Nacional y a las diferentes autoridades del Estado para proteger la propiedad privada, la propiedad pública y las zonas de alto impacto ambiental que están siendo sistemáticamente invadidas por bandas de delincuentes que después se burlan de familias incautas y vulnerables quienes compran estos lotes ubicados en urbanizaciones ilegales y que no cuentan con ningún tipo de sustento legal. Debemos generar un trabajo articulado en contra de estas estructuras criminales que hoy se conocen como “mafias de la tierra”, donde no sólo se persiga al autor material, sino a los autores intelectuales que planean y benefician de estos hechos atroces.
Sencillo; debemos recuperar el orden, la autoridad y el imperio de la ley.
Publicado: septiembre 17 de 2018
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