Sumida aún, la Corte Suprema de Justicia en el escándalo del “cartel de la toga”, en el cual están involucrados dos de sus expresidentes y un magistrado, por corrupción y compraventa de decisiones judiciales, cuando ya está envuelta en otro que, además de evidenciar el grado de postración en el que se encuentra esa rama del Poder, alerta sobre el estado de indefensión en el que nos encontramos los ciudadanos de a pie.
Si la defensa del expresidente Uribe, no advierte que en el expediente del proceso que cursa en su contra en el alto tribunal, aparece un informe de interceptación de la línea telefónica del expresidente, que proviene de otro expediente y que fue sumado a su proceso, la CSJ hubiera seguido cometiendo toda clase de abusos.
Reconoció, entonces, la Sala Penal de la CSJ en el oficio 36791 que había ordenado interceptar su teléfono creyendo que pertenecía al exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba (vinculado al “cartel de la toga”), y que no se explica por qué su número telefónico (el de Uribe) figura como número de contacto del exrepresentante, pero que tan pronto como se dieron cuenta (un mes después), de que “dicho celular no presentaba información relevante porque el usuario no correspondía” suspendieron la interceptación.
Sin embargo, el magistrado Barceló, añadió que no había ningún “error” y que la responsabilidad de ese incidente no era de la CSJ, sino de la Policía Judicial que es la encargada de esos procedimientos, pero que el material recaudado en la interceptación sí será utilizado por tratarse de “un hallazgo imprevisto e inevitable”, y que esa maniobra es legal “por la sencilla razón de que en principio se ordenó y así se dispuso interceptar una línea telefónica de Nilton Córdoba, y se cumplió con todos los protocolos que la ley y los reglamentos que se establecen para ese efecto. De ello hay constancia en el expediente (…) que no haya resultado el teléfono que nos ocupa del representante Nilton Córdoba sino del senador Uribe es un asunto imprevisto”.
Parece, entonces, que esos protocolos son “Talla Única”, sirven para intervenir un teléfono independientemente de quien sea el usuario. Argumento difícil de aceptar y menos si el damnificado es el expresidente Uribe, a quien esta justicia corrupta y politizada (corroída hasta sus entrañas por la izquierda), quiere quitar de en medio para poder continuar con su proceso de debilitamiento a la institucionalidad y hacerse, así, al poder en todas sus ramas.
Imperioso que el presidente Duque se dedique con tesón a sacar adelante esa reforma prometida en campaña. Los colombianos necesitamos una Justicia que nos dé confianza y seguridad. Necesitamos volver a creer en nuestros jueces y en nuestras Altas Cortes, en las que queremos tener como otrora, hombres probos y sabios que alcanzaban esa instancia como colofón de una carrera jurídica pulquérrima y plena de éxitos profesionales.
Esto que tenemos ahora, va ¡de mal en peor!
Publicado: septiembre 22 de 2018
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