Produce espanto el cinismo con el que el perseguidor Jorge Luis Barceló, quien funge como presidente de la Corte Suprema de Justicia, justifica la ilegalidad cometida en las interceptaciones de las comunicaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Agarrados con las manos en la masa, los magistrados en vez de reconocer su falta, se han dado a la tarea de difundir mentiras que se han caído por su propio peso.
El señor Barceló aseguró falsamente que el parlamentario Nilton Córdoba, procesado por el cartel de la toga le dijo a la corte que su número de contacto era el del presidente Uribe y que por eso se ordenó la interceptación de aquel celular. Curioso que los avezados investigadores del más alto tribunal del país no hubieran hecho una constatación elemental con los operadores de telefonía móvil para efectos de confirmar la información que supuestamente brindó Nilton Córdoba.
Resulta entonces que el investigado Córdoba pudo haber entregado el número de teléfono de la Casa Blanca. Si así hubiere sido, ¿el avispado magistrado Barceló ordenaría la interceptación del teléfono del presidente Donald Trump?
Más rápido cae un mentiroso que un cojo. El parlamentario Córdoba ha dicho en todos los tonos posibles que él jamás le presentó a la Corte Suprema de Justicia el número de teléfono celular del presidente Uribe como si aquel fuera el suyo.
Así las cosas, queda confirmado por punta y punta que el prevaricador Jorge Luis Barceló, obsesionado enemigo de Uribe, mandó a chuzar su teléfono sin orden judicial alguna, hecho que confirma lo que desde siempre se ha aseverado: en la Corte Suprema existe un sector delincuencial que utiliza a la justicia como herramienta de persecución política.
Ninguna garantía tiene el presidente Uribe. Él es víctima de falsos testigos constreñidos y sobornados por el senador comunista Iván Cepeda. La Corte Suprema, en vez de castigar al perseguidor del expresidente, resolvió desconocer la condición de víctima de Uribe para montar un proceso en su contra totalmente espurio y carente de sustento jurídico, poniendo así en evidencia que su proterva intención es la de meter preso a Uribe al precio que sea.
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Uribe tiene derecho al debido proceso como cualquier otro ciudadano. Se sienta un pésimo precedente con este comportamiento deleznable y francamente nauseabundo de la Corte Suprema. El ejemplo que dan los magistrados atenta contra el Estado de Derecho. Ellos ocupan esos cargos de tan alta relevancia para administrar justicia y no para ser unos vulgares activistas políticos con el poder de encarcelar a sus rivales.
Si tan malas les parecen las ideas de Uribe, debemos proceder a invitar a esos prevaricadores disfrazados de magistrados a que se quiten su toga, renuncien a sus cargos y se metan de lleno a la arena política, a ver si son capaces de derrotar en unas elecciones al imbatible Álvaro Uribe Vélez.
Cierto es que la cobardía de esos sujetos es estremecedora. ¿Serían tan “valientes” sin el poder pasajero que les otorga su condición de magistrados? Resulta lamentable que esos individuos inviertan su tiempo urdiendo complots contra el jefe político de mayor relevancia nacional, mientras dejan que el moho se apodere de los expedientes de los verdaderos criminales a los que ellos deben investigar y encarcelar, como es el caso del corrupto senador Armando Benedetti, protegido por ellos, como si él fuera un cliente preferencial del cartel de la toga.
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