La Constitución y las leyes de la República prevén la opción del diálogo como mecanismo para encontrar una salida incruenta a los problemas de orden público. Hay quienes creen, equivocadamente, que la negociación es la regla, cuando aquella es la excepción. La norma obliga al Jefe de Estado a combatir, con las armas oficiales, todos los rebrotes de inseguridad y, excepcionalmente, le otorga la posibilidad de buscar un entendimiento político.
Hay sociedades que son estructuralmente inflexibles frente a quienes atentan contra ella. Quien haga daño, recibirá el castigo correspondiente.
En Colombia, se ha obrado al contrario. Desde siempre ha existido la opción de la negociación política. Desde mediados del siglo pasado, cuando se acordó una amnistía a las guerrillas liberales. Después, vino el proceso de paz con el M-19, el EPL, una facción del ELN –liderada por el genocida León Valencia, alias Gonzalo-, el PRT y el Quintín Lame. En todos esos casos, la regla general fue la amnistía y el indulto. No hubo verdad, ni justicia ni reparación a las víctimas.
La impunidad otorgada no sirvió para nada. La espiral de violencia continuó creciendo, hasta llegar a tener unas Farc poderosas, capaces de desestabilizar efectivamente a nuestra democracia, tal y como se registró durante los oscuros y nefandos años del despeje del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana.
La Seguridad Democrática, con mucho éxito, logró revertir la tendencia. Por primera vez, el Estado tomaba la iniciativa contra los ilegales, con el fin de debilitarlos efectivamente. Los terroristas huyeron a la profundidad de las selvas colombianas, alejándose de las zonas rurales donde aterrorizaban a las comunidades.
Santos llegó al poder con el plan de negociar con la guerrilla. Lo ideal es que dicho acuerdo partiera del punto fundamental de hacer que los ilegales se sometieran a las leyes del Estado, con beneficios puntuales a cambio de una desmovilización efectiva de sus integrantes, compromiso irreductible de no repetición, verdad, devolución de armas y desmantelamiento de toda la cadena del narcotráfico.
La justicia resulta esencial para que un acuerdo entre el Estado y los ilegales sea medianamente sostenible. En el caso de las AUC, por ejemplo, todos los miembros de esa organización ilegal que cometieron delitos de lesa humanidad se sometieron a lo contemplado en la ley 975, de justicia y paz. Sus principales cabecillas, cuando se comprobó que seguían delinquiendo desde la cárcel, fueron extraditados hacia los Estados Unidos.
En el proceso de Santos y las Farc, los guerrilleros no se sometieron al Estado. Fue el Estado el que en la práctica terminó sometido ante ellos. Prueba de ello es la reciente e inaceptable decisión de una jueza de tutela que ordenó interrumpir los términos para que el narcotraficante alias Jesús Sántrich pueda tomar posesión de una de las curules que Santos le regaló a las Farc en la Cámara de Representantes.
Si Sántrich no se ha posesionado, no es por razones de fuerza mayor, sino porque está en la cárcel esperando a ser extraditado a los Estados Unidos, país en el que deberá responder por delitos de narcotráfico. Ese capo no se ha presentado en el Congreso porque padezca un fuerte catarro, sino porque es un mafioso de altísima peligrosidad que debe estar a buen recaudo de las autoridades penitenciarias del país.
Decisiones como la adoptada por la juez Edith Alarcón Bernal a favor del mafioso, son muestra irrefutable de que el Estado colombiano se encuentra sometido ante las Farc, realidad que debe ser revertida por el bien de nuestro futuro republicano.
Publicado: agosto 3 de 2018
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