A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claudia Nayibe López es una demagoga irresponsable que hace de la política un espectáculo circense. Durante los 4 años que estuvo en el Senado de la República, se dedicó a llamar la atención de los medios de comunicación no por sus aportes inteligentes y sesudos, sino por sus alaridos, infamias y ordinarieces.
Terminando su temporada en el Congreso, se ideó la denominada “consulta anticorrupción”, una medida totalmente intrascendental, con la que quiso poner a los partidos políticos contra las cuerdas, vendiendo la tesis de que aquel que no estuviera de acuerdo con la misma tiene el interés de evitar que se incorporen medidas contra la corrupción.
Lo que no dijo la exsenadora Nayibe es que muchas de las iniciativas propuestas por ella ya están contempladas en nuestra legislación y las otras que no están, bien pueden introducirse sin que medie un mecanismo oneroso y dispendioso como en efecto es la realización de una consulta popular que, valga recordarlo, no es vinculante y simplemente se limita a darle unas recomendaciones al gobierno y al legislativo para que procedan en determinado sentido.
Otro elemento de singularísima importancia tiene que ver con el trasfondo politiquero de la consulta. Es evidente que Nayibe tiene el firme propósito de obtener réditos de dicha consulta, ya sea para una eventual aspiración a la alcaldía de Bogotá en las elecciones del año entrante, o como plataforma para su candidatura presidencial dentro de 4 años.
La virulenta excongresista necesita mantener vigencia y qué mejor manera para hacerlo que a través del importante número de votos que ella aspira sacar con la cacareada consulta.
Posesionado el presidente Duque, sus ministros presentaron un importante paquete de medidas contundentes contra la corrupción. Sin necesidad de esperar a que se lleve a cabo la consulta de Nayibe, el nuevo gobierno empezó a cumplir su promesa de perseguir sin clemencia ni contemplación ninguna a los corruptos.
El primer proyecto presentado, busca modificar la Constitución para efectos de hacer que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.
Aquellos que facilitaron o participaron en el saqueo de las arcas públicas, serán castigados ejemplarmente, sin importar su filiación ideológica o su condición personal. Este portal pudo confirmar con un alto funcionario del nuevo gobierno que el propósito del presidente Duque es perseguir a los corruptos, estén donde estén.
Es claro entonces que hay que cerrar filas en contra de la corrupción, en todas sus manifestaciones. Corrupto es el que roba, como el que financia sus campañas políticas con contratos públicos. Antanas Mockus, que se presenta como el adalid de la transparencia, a lo largo del gobierno de Santos llenó sus alforjas con contratos amañados y asignados a dedo a favor de su fundación Corpovisionarios.
Mockus, ese mismo que confesó haber sido cómplice de los terroristas de las Farc, al parecer tiene licencia para delinquir, pues el cuestionado consejo nacional electoral se abstuvo de sancionarlo ante la evidente inhabilidad en la que estaba incurso y que viciaba de manera absoluta su elección como senador.
Claro que hay que adoptar medidas contra la corrupción, empezando por sancionar a aquellos dirigentes que se burlan de las decisiones judiciales, como Nayibe López quien no ha cumplido el fallo de tutela que le ordena retractarse de las imputaciones injuriosas y calumniosas que hizo contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Participar en la consulta promovida por Nayibe es hacerle el juego politiquero a ella y aportarle muy poco al asunto neurálgico que es la lucha contra la corrupción, la cual empezó muy en serio en el mismo instante en que Iván Duque tomó posesión del cargo de presidente de la República.
Publicado: agosto 10 de 2018
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