Es el fin de 8 años del peor gobierno de nuestra historia, mucho más corrupto e ilegítimo que el de Ernesto Samper. Juan Manuel Santos, será recordado como un verdadero estafador político; un sujeto que llegó al poder defendiendo unas ideas y gobernó con otras absolutamente contrarias.
Engañó a la mayoría ciudadana uribista que vio en él a la persona que le daría continuidad al exitoso gobierno de la seguridad democrática.
Como ministro de Defensa de Uribe, fustigó exageradamente al régimen dictatorial de Chávez, con el claro propósito de prefabricar la percepción de que él era un hombre duro contra el nefando socialismo del Siglo XXI. Pasadas 72 horas de su posesión se hincó de rodillas ante el tirano venezolano, a quien invitó a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Al final de la cumbre, Santos, muy orondo, decretó que el tirano de Caracas era su “nuevo mejor amigo”.
Pateó agresivamente a quienes propiciaron su victoria. No solo marcó distancia del uribismo puro, sino que promovió la guerra sucia en contra de sus más destacados representantes. Cuando apenas empezaba su gobierno, estalló una bomba en las instalaciones de Caracol Radio. Todo el mundo supo que las Farc habían ordenado esa acción demencial. Pero Santos, tratando de mandar mensajes generosos hacia la banda con la que se disponía a negociar la democracia de nuestro país, resolvió, contra toda evidencia, achacarle ese atentado a la “extrema derecha”, en clara alusión al uribismo. En su momento, la agencia de prensa de las Farc –Anncol- se apresuró a retomar la sindicación de Santos y de manera temeraria y mentirosa, acusó al presidente Uribe, a Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria y al director de este portal de ser los planificadores de esa acción terrorista.
Aquellos que no sometieron a la voluntad de Santos, fueron perseguidos judicialmente. Ministros de Uribe como Sabas Pretelt y Diego Palacio fueron abusivamente condenados por una corte suprema que estaba al servicio de la oficina de Santos. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue inclementemente perseguida, hasta el punto de propiciar que Panamá le retirara el asilo político que le había sido otorgado. Hoy, ella purga una infame condena que se produjo sin que mediara prueba judicial alguna.
Luis Carlos Restrepo, el único funcionario de Uribe que se apartó de la candidatura de Santos, advirtiendo sobre su catadura y previendo la traición, fue brutalmente perseguido y forzado a partir hacia el exilio.
Santos usó a la justicia como herramienta de acción política. Sus ataques verbales contra el uribismo, eran inmediatamente coadyuvados por sectores corruptos de la rama jurisdiccional. Acusó a los seguidores del presidente Uribe de ser unos “tiburones”, luego fue más allá y aseguró que el expresidente y jefe de la oposición a su gobierno se comportaba como “un rufián de esquina” que se apoyaba en unos “perros rabiosos”.
Su intolerancia a la crítica y a la oposición fue evidente. Los periodistas que se atrevían a cuestionar su fallido gobierno o a revelar los actos de corrupción que se cometían coordinadamente desde la Casa de Nariño, fueron silenciados. Es el caso de Hassan Nassar, quien dirigía un muy exitoso programa de televisión en el canal Cable Noticias, cuyo propietario, un venezolano de muy ingrata recordación, no dudó un instante en censurar a ese prestigioso comunicador en aras de agradar al primer mandatario de Colombia.
El de Nassar obviamente no fue el único caso.
Santos corrompió los más profundos cimientos del Estado. Utilizó al presupuesto nacional para sobornar políticos, periodistas y dirigentes. Su coalición de gobierno no estuvo sustentada por las ideas, sino por el dinero del erario. Billones de pesos fueron literalmente robados durante estos 8 años de gobierno que acaban de culminar. Y es deber de la sociedad exigir que las autoridades investiguen y castiguen a todos los que participaron de ese demoledor saqueo.
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No hizo nada por proteger la integridad territorial. Durante su administración, Colombia perdió un litigo en la corte internacional de justicia que falló en contra de los intereses de nuestro país. Gracias a la inacción de Santos, Nicaragua nos quitó la friolera de 50 mil kilómetros cuadrados de mar territorial.
Santos, preocupado por negociar su Nobel de paz, concentró la política exterior colombiana en hacerle lobby al proceso con la banda terrorista de las Farc. Destinó recursos públicos para ese propósito, llegando al extremo inaudito de abrir abrir embajada de Colombia en Noruega, misión diplomática que tuvo una sola tarea: patinar el Nobel de Paz.
Y lo logró, mientras descuidaba asuntos fundamentales. Mientras le entregaba la democracia a Timochenko y sus compinches, nuestro país se convirtió en un mar de coca. Llegamos a la cifra de 209 mil hectáreas cultivadas, una cifra que se constituye en una verdadera amenaza contra la seguridad nacional.
Ninguna democracia puede ser estable, cuando está rodeada de semejante cantidad de cultivos ilícitos.
Terminan los 2920 tortuosos días del gobierno de Juan Manuel Santos, ese individuo cuyo nombre figurará en los libros de historia como el presidente que se robó abusivamente el resultado de un plebiscito en el que la mayoría ciudadana votó en contra de su acuerdo con las Farc.
Hay que hacer un corte de cuentas y revelar exactamente cuál fue la dimensión de los abusos cometidos por Santos y sus secuaces. Eso es lo que esperan los más de 10 millones de ciudadanos que votaron por Duque en la segunda vuelta del pasado 17 de junio.
Culmina el peor régimen de nuestra historia. Colombia queda descuadernada, deprimida y saqueada, pero al menos nos queda la esperanza de que al frente del gobierno estará uno de los mejores líderes contemporáneos, el nuevo presidente, Iván Duque Márquez.
Publicado: agosto 7 de 2018
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