Para nadie es un secreto que el gobierno saliente nos deja un país con unas finanzas en rojo; lo que obliga al gobierno Duque y a su gabinete a enfrentar enormes desafíos para ejecutar su plan de gobierno. De ahí la necesidad de regresar a un Estado transparente y austero. Sin embargo, después de estudiar el presupuesto que el gobierno anterior presentó y que hoy se encuentra en discusión, nos encontramos con la preocupante sorpresa que este deja desfinanciadas a las carteras sociales.
Esta situación es realmente alarmante si queremos que Colombia sea un Estado solidario y equitativo. Los diferentes ministerios y entidades que componen las carteras sociales son los responsables directos de generar la transformación social del país. Son las instituciones que posibilitan el ascenso social, me perdonan la expresión, una especie de “ascensor social”, que de hacer la tarea bien, va logrando que los colombianos de menores recursos y más vulnerables vayan saliendo paulatinamente de la pobreza.
Lo cierto es que el presupuesto deja al “ascensor social” con un motor dañado y sin el presupuesto para repararlo. El déficit presupuestal de las carteras que les voy a mencionar a continuación es de $8,3 billones de pesos. A esto debemos Pararles-Bolas, pues lo que nos deja, nos va llevar a vernos abocados a un déficit social.
En el Ministerio de Salud existe un déficit de $3.03 billones, en donde se ve afectado principalmente el programa de aseguramiento en salud. También se ve dramáticamente afectado el rubro de inversión, el cual tiene un déficit de $365.086 millones, equivalente a un 47.6% del necesario para llevar acabo el programa de vacunación nacional de nuestros niños.
Al DPS, que es la entidad encargada de ejecutar los programas para reducir la pobreza extrema en Colombia, le redujeron su presupuesto en 48.7% comparado a lo que le fue asignado en 2018, y tiene un déficit presupuestal de $1.8 billones. Estamos hablando de quitarle la mitad de los recursos a los programas enfocados en la reducción de pobreza extrema. Esto es a todas luces un absurdo en un país que tiene tantos retos sociales. Se van a quedar desfinanciados programas como Familias y jóvenes en acción, programa de implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en situación de pobreza extrema y víctimas del desplazamiento.
El Ministerio de Vivienda no es la excepción y se ve afectado también por este oscuro panorama. Lo primero que hay que decir es que el gobierno anterior dejó amarrado el 92,93% del presupuesto de inversión con vigencias futuras. Las casas gratis que ya se entregaron, se estarán pagando en los próximos 2 años. Lo segundo, es que esta cartera presenta un déficit de $1 billón, el cual se descompone así: programas de vivienda $770.000 millones y programas para agua potable y saneamiento básico $230.000 millones.
El Ministerio del Trabajo también cuenta con un déficit de $1 billón y presenta una reducción del 21% del total del presupuesto comparado con el asignado en 2018. Preocupa sobremanera que hay 6 programas de inversión que se ven desfinanciados, pero quiero llamar la atención sobre dos programas que son claves para el desarrollo empresarial: formación para el trabajo y generación y formalización de empleo. El programa de subsidio de pensiones al adulto mayor y las mesadas que son consignadas por el gobierno a lo largo y ancho del país enfocadas a las personas más vulnerables, también se han visto fuertemente afectadas.
El presupuesto del ICBF se redujo en un 19%, presentando un deficit de $ 1.5 billones. Este déficit claramente afecta y pone en riesgo la atención integral a la infancia colombiana. La entidad manifiesta que los recursos asignados no son suficientes para el cumplimiento de los proyectos de inversión misional y afecta 7 programas: Apoyo integral de la primera infancia; Promoción y prevención en alimentación y nutrición; Protección de niños y adolecentes en el marco de restablecimiento de derechos; Fortalecimiento institucional: Fortalecimiento TICS; Apoyo al desarrollo integral de niños y adolescentes en el marco de restablecimiento de derechos y Fortalecimiento de familias como agentes de transformación y desarrollo social.
En conclusión, las entidades que estan encargadas de trabajar por el bienestar y la calidad de vida de los más vulnerables y menos favorecidos en nuestro país están desfinanciadas y están generando un déficit social. Es por ello que desde la comisión séptima del Senado estamos prendiendo todas las alarmas y vamos a invitar al Ministro de Hacienda a la Comisión para exponerle esta alarmante situación. De igual manera, vamos a presentar un informe a las comisiones 3 y 4 que son las del presupuesto.
El mensaje que debemos enviar es claro. Colombia debe ser un Estado solidario y equitativo, para lo cual debemos evitar que se descuelgue y reparar el motor del “Ascensor Social” para que erradiquemos la desigualdad y la pobreza extrema. Tenemos una responsabilidad moral superior con quienes más sufren en nuestra sociedad y no podemos dejarlos solos. Para que por fin, el desarrollo, la inclusión y el Futuro sea de todos.
Publicado: agosto 27 de 2018
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