El peor enemigo de la Democracia es abusar de ella para buscar beneficios personales, políticos o electorales. En Venezuela, por ejemplo, desde que el Chavismo llegó al poder (2 de febrero 1999) los venezolanos han acudido a las urnas en 21 oportunidades para elegir Presidente de la República, participar en referendos consultivos, aprobatorios, revocatorios, enmiendas, entre otros. Hoy lo que menos existe en Venezuela es democracia.
La consulta anticorrupción convocada para el próximo 26 de agosto es un despropósito de marca mayor y abuso de los mecanismos de participación ciudadana en el que nos sumergió por soberbia, capricho y vanidad política, la exsenadora Claudia López y el Partido Verde. La consulta tiene profundos cimientos de inutilidad, de inconstitucionalidad, vacíos jurídicos, y derroche presupuestal (310 mil millones de pesos). La ley estatutaria 134 de 1994, regla los mecanismos de participación ciudadana y establece que “no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación de la Constituciòn Política”.
Por los anterior, comparto con ustedes respetados lectores, estos argumentos para su análisis, orientación, debate y socialización, para no votar, abstenerse y no participar en la consulta del Partido Verde.
- Reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Promover lucha de clases, jugar con los ingresos salariales de los demás, es mezquino y equivocado. Reducir salarios a congresistas y funcionarios del Estado es cerrar la puerta para siempre a ciudadanos que tienen profunda vocación por el servicio público, vida austera y formación honorable, para que no lleguen a cargos de responsabilidad el Estado. Los salarios no son fuente de corrupción. Creer en ese espejismo es sucumbir en odios y envidias sociales. La escala salarial e incremento de todos los funcionarios y empleados públicos está ligado porcentualmente al incremento salarial de los altos funcionarios del Estado, lo que repercutiría negativamente en los ingresos y capacidad de consumo de millones de personas, perjudicando estruendosamente la economía del país.
- Cárcel a corruptos y prohibirle volver a contratar con el Estado. El ordenamiento jurídico que nos rige dispone de la medida de aseguramiento intramural para quienes cometan delitos contra la administración pública; y en reciente reforma se eliminó el beneficio de detención domiciliaria para ciertos delitos. Adicionalmente, en la reforma al Código Único Disciplinario (art. 32) se dispuso sanción contra todos los actores condenados por delitos contra la administración pública con inhabilidad hasta por 18 años para contratar con el Estado.
- Contratación trasparente obligatoria en todo el país. Técnicamente lo que busca esta iniciativa es obligar a las entidades del Estado a adoptar los llamados pliegos tipos en la contratación pública. La Ley 1882 de 2018 estableció la obligatoriedad de este mecanismo contractual para las obras públicas. Es cuestión de implementación.
- Presupuestos púbicos con participación de la ciudadanía. Esta medida fuera de populista es un atentado contra la planeación, los programas de gobierno y los planes de desarrollo. Llevar el presupuesto a galleras públicas, es feriar entre las barras bravas los escasos recursos que tienen los municipios y departamentos. Además, la misma Corte Constitucional y la Ley 1757 del 2015, señalan que las consultas no podrán decidir sobre temas presupuestales.
- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, gestión y votación. Esta exigencia ya está incorporada en el parágrafo 2 del artículo 14 de la ley 1147 de 2007 que obliga a los congresistas a rendir cuentas sobre sus funciones legislativas. En la página web y en el canal del congreso se puede hacer seguimiento en tiempo real a la asistencia de los congresistas en plenarias y comisiones.
- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. La declaración de bienes y rentas es requisito obligatorio para quienes asumen funciones públicas, desde el congresista hasta el portero. Seria de suma utilidad que los promotores de la consulta y los ciudadanos visitaran la página de la Función Pública para conocer los deberes de todo funcionario público. http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/
- No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Este punto exige reformar la Constituciòn Política, lo que obliga necesariamente a aprobarse a través de acto legislativo, función que le corresponde al Congreso de la República. Particularmente este punto viola el derecho universal de ser elegido. De igual forma es intrascendental en la lucha sustancial contra la corrupción.
La corrupción en Colombia no se acabará por decreto ni menos por disposición de las urnas. El camino para combatir y acabar con el flagelo de la corrupción, exige del compromiso colectivo e individual de todos los colombianos, iniciando desde el núcleo familiar, pasando por la educación académica impartida en escuelas, colegios y universidades, y fortaleciendo valores y deberes ciudadanos, para finalizar en una profunda reforma estructural al sistema judicial que tenemos. Lo demás es seguir perdiendo tiempo, dinero, engañarnos entre nosotros, creyendo que la infidelidad se acaba con la venta del sofá.
Publicado: agosto 13 de 2018
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