Se denunció con toda la vehemencia que la supuesta analista Natalia Lizarazo, comercialmente conocida con el alias de “Natalia Springer”, era una perfecta embaucadora que estaba dedicada a estafar a distintas entidades oficiales.
Los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo fueron sus principales cómplices en ese entramado de corrupción que se tramitó a través de la pomposa empresa “Springer Von Schwarzenberg Consulting Services”, una fachada que Lizarazo estableció para suscribir contratos mentirosos y llenar así sus alforjas con dinero público.
Otro que le regaló dinero a “Springer” fue el cuestionado exalcalde santista de Valledupar, Fredys Socarrás quien la favoreció con un contrato de $1400 millones de pesos para que desarrollara un proyecto gaseoso y fantasioso, denominado “formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar”.
Los izquierdistas repiten el lugar común de que la guerra es un negocio fabuloso, pero las evidencias apuntan a concluir que la paz, o mejor dicho, el proceso llamado de paz entre Santos y las Farc sí que sirvió para hacer multimillonarias a muchas personas, entre ellas la hoy caída en desgracia “Natalia Springer”.
Por tratarse de dineros públicos, la procuraduría general de la nación procedió a investigar detalladamente el contrato de la capital del Cesar con la empresa de “Springer”. Luego de un largo proceso, esta semana se conocieron los resultados. En conclusión, dos altos funcionarios de la alcaldía de la época fueron inhabilitados y otros suspendidos, entre ellos el exgobernante local, Fredys Socarrás.
En efecto, Mario Céspedes, exsecretario de gobierno, fue sancionado con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 14 años y la exsecretaria general de la alcaldía, Lisbeth Gaitán, destituida e inhabilitada por doce años.
Para el ministerio público, no queda duda ninguna de que el contrato celebrado entre Valledupar y “Natalia Springer” eludió de forma alevosa el principio de transparencia que debe regir en toda la contratación estatal.
Ha quedado demostrado que la alcaldía de Socarrás hizo todo lo que estuvo a su alcance para favorecer y adjudicarle a dedo los $1400 millones para que Springer vendiera humo. Ese dinero literalmente se embolató y a la ciudad no le quedó más que el mal recuerdo y un giro multimillonario a favor de la cuestionada estafadora que hasta ahora ha quedado impune, pero que seguramente, tarde o temprano, deberá responder penal y pecuniariamente por los robos que efectuó
Publicado: julio 6 de 2018
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