Una de las razones principales por las que los constituyentes de 1991 crearon a la corte constitucional fue la de establecer un gran tribunal encargado de salvaguardar a la Carta y proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos, sin distingo alguno.
Fue a partir de 1991 cuando realmente todos los ciudadanos colombianos empezaron a ser iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones.
Ahora bien: los magistrados de la corte constitucional están, ante todo, obligados a hacer respetar los derechos de los ciudadanos, empezando por el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29. En uno de los acápites de dicho artículo se lee claramente que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento…”.
Se asume entonces que quien adelanta la investigación no puede emitir prejuicios ni adelantarse a los hechos. Un verdadero juez es el que procede y decide de acuerdo con las pruebas y con base en la controversia que se le haga a las mismas.
Eso lo debe saber el magistrado Barceló que permanentemente enrostra sus 40 años fungiendo como juez y los magistrados de la corte constitucional, encargados de velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que días antes de que el magistrado Barceló hiciera pública la citación a indagatoria del presidente Uribe, en una reunión social en la que estaban algunos empresarios, el hoy presidente de la corte Constitucional, Alejandro Linares comentó que Barceló le había informado a él que estaba dispuesto a encarcelar al presidente Uribe.
Un hecho sumamente grave y sobre el que el doctor Linares debe pronunciarse de manera inmediata. Él, por su investidura no puede permitir que un juez, así sea magistrado de la sala penal de la corte suprema, emita prejuicios, sobre todo en un caso tan complejo como el del presidente Uribe, donde hay suficientes indicios de que aquella investigación está erigida sobre pruebas falaces, previamente fabricadas por los enemigos políticos del expresidente.
Este no es momento de falsas prudencias ni de engañosas cortesías. El presidente de la corte constitucional, Alejandro Linares tiene el deber ciudadano y la función legal de aclarar qué fue exactamente lo que le dijo Barceló y el motivo por el que él –Linares- ha guardado silencio en los últimos días.
Acá existen suficientes pruebas que permiten concluir que el presidente Uribe es víctima de un montaje brutal y él, como cualquier otro ciudadano colombiano, tiene derecho a que se le respete el debido proceso. Así pues, el doctor Linares, quien ocupa una de las más altas dignidades en la rama jurisdiccional, tiene la obligación de ayudar a esclarecer esta situación, sin hacer cálculos ni ponderaciones oportunistas. La verdad siempre termina imponiéndose y para tranquilidad de la comunidad, una muy importante funcionaria del gobierno entrante es testigo de lo dicho por el doctor Linares.
Publicado: julio 31 de 2018
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