Durante el gobierno del presidente Uribe, la extrema izquierda encontró una cantera fenomenal de la que obtuvieron réditos tanto económicos como políticos.
Fue durante la seguridad Democrática que una persona perfectamente desconocida, logró abrir un espacio: la virulenta Claudia Nayibe López quien, junto a la impostora y estafadora Natalia Springer, se posicionó como una “voz calificada” a la hora de analizar situaciones como la de la denominada parapolítica.
Partiendo de hechos ciertos, López arribaba a conclusiones falsas. No hay que soslayar que la tesis central de su cuestionado libro sobre la parapolítica –ante el que el pusilánime fiscal general de la época, Mario Iguarán se “inclinó reverencialmente”- versaba sobre las supuestas votaciones atípicas. Si un candidato X obtenía un importante número de votos, entonces era culpable por haberse aliado con grupos paramilitares.
Es evidente que la tesis de la “atipicidad” sólo aplicaba para los congresistas de centro y centro-derecha, jamás para alguien de izquierda, porque si la de Nayibe fuera una regla general, difícilmente Antanas Mockus podría explicar, por ejemplo, el origen de los más de 500 mil votos que obtuvo en las pasadas elecciones.
A las “teorías” poco rigurosas de Claudia Nayibe López se sumó un sujeto deleznable: el exterrorista, secuestrador y desmovilizado criminal de guerra del ELN, León Valencia quien a través de sus fundaciones –antes se llamaba Arco Iris y ahora Paz y Reconciliación- amasó una singular fortuna gracias al dinero que le donó la cooperación internacional.
Valencia, quien nunca ha respondido por los delitos de lesa humanidad que cometió cuando delinquía con el alias de Gonzalo, se dio a la tarea de criminalizar a todos los dirigentes que hacían política en zonas con presencia de las AUC. El objetivo era evidente: crear la falsa impresión de que si los congresistas que apoyaban al gobierno de Uribe eran parapolíticos, por extensión, Uribe también lo debía ser.
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Con el paso del tiempo, a Valencia y Nayibe López les ha aparecido un microfonero. Se trata de un sujeto llamado Ariel Ávila, un personaje pintoresco y que posa de analista. Utiliza un tono de voz pausado, como para darle un hálito de importancia a sus intervenciones, pero sus imposturas no logran matizar en lo más mínimo su verdadera naturaleza.
Ávila ha hecho una utilización grotesca de los derechos humanos, convirtiéndolos en una herramienta para hacer política.
Hace unos días, en un debate radial, el abogado del presidente Uribe, Abelardo De La Espriella, puso en su lugar a Ávila, al enrostrarle un hecho que es de singular relevancia: su condición de contratista del gobierno de Santos.
Ávila, como muchos otros “defensores de los DDHH” y “analistas” fueron debidamente aceitados por el gobierno saliente. Santos, desde su llegada al poder, le dio jugosísimos contratos a las fundaciones de León Valencia.
A Falta de argumentos para explicar su vínculo contractual con el régimen corrupto que está terminando, Ávila recurrió a la tradicional artimaña en la que León Valencia y Claudia Nayibe López son unos verdaderos expertos: la acriminación.
En su argumentación, el abogado De La Espriella expuso que, en aras del derecho a la legítima defensa, una persona está habilitada para proteger su vida y bienes cuando el Estado lo deja desamparado.
Ávila, ripostó asegurando que De La Espriella estaba justificando las masacres y delitos atroces de los paramilitares, cosa que nunca sucedió.
Esos “profesores” de la izquierda, estaban acostumbrados a señalar con el dedo acusador sin que nadie se atreviera a ponerlos en su lugar. Se creían intocables. Podían destrozar el honor de quien se les diera la gana, con total impunidad. De La Espriella, quien con vehemencia puso en su sitio a Ariel Ávila, rompió esa malsana tendencia. La condición de defensor de DDHH no le concede licencia para endilgarle crímenes a las personas con las que tiene diferencias políticas e ideológicas.
Quiera entonces que de una vez por todas se les acabe el fabuloso negocio que tienen montado esos “expertos” que han llenado sus alforjas posando de expertos y de defensores de los Derechos Humanos, cuando en realidad son unos adictos a eso que en el nefato gobierno de Juan Manuel Santos se conoció como la mermelada.
Publicado: julio 24 de 2018
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