En el 2014, a raíz de la indignación que suscitó la presencia de los líderes de las Farc en la mesa de negociación en La Habana, Juan Manuel Santos expresó que si queríamos la paz tendríamos que tragarnos unos sapos muy grandes. En ese momento la mayoría de los colombianos nunca nos imaginamos ni la cantidad ni la magnitud de los bufónidos que saltarían al acuerdo final.
El sapo más grande, el que le abría la posibilidad a que criminales de lesa humanidad se liberaran del cumplimiento de sus condenas y que accedieran a la participación política, prohibida expresamente por nuestra Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia, fue el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Un tribunal especial en el sentido en que está especialmente diseñado por y para los victimarios.
Tratar de entender la necesidad de que un grupo de criminales que tanto daño le hicieron a cientos de miles de colombianos tuviesen la facultad de diseñar su propia justicia es difícil. Juan Manuel Santos intentó hacerlo en una entrevista concedida a la periodista española Cayetana Álvarez de Toledo con una breve frase: “lo que es cierto es que sin una justicia transicional no hay paz”. Si analizamos el alcance de estas palabras, la conclusión es que la justicia transicional, es decir la impunidad, es el precio que tenemos que toda la sociedad debe pagar para que las Farc no nos sigan asesinando, secuestrando y robando: una extorsión y un sometimiento del Estado de Derecho aquí y donde lo pongan.
La forma como esa JEP está diseñada es que, a pesar de estar frente a los más horrendos criminales incluso contra la humanidad, sus penas no pueden ser intramurales. La única condición es que la persona confiese sus crímenes. Tratan de justificar esto diciendo que esta es la única manera de garantizar que haya verdad, pero poco le sirve a una víctima de alguien como Fernando Arellán, el que le puso la bomba al Club El Nogal, que diga una verdad que ya fue plenamente probada por la justicia ordinaria. Vale recordar que Arellán ya estaba condenado a 40 años de prisión, ordenaron su libertad y después fue enviado de vacaciones a las Islas Margarita en Venezuela.
A pesar de actuar en cumplimiento de un mandato constitucional, a la fuerza pública se le puso al mismo nivel de los criminales. En el absurdismo los calificaron como actores del conflicto y que por esa razón también serán juzgados por la JEP. A nadie le puede caber en la cabeza que un tribunal diseñado por delincuentes se use para juzgar a los que estaban exponiendo sus vidas para cumplir con su obligación constitucional de defensa del Estado.
Esta semana la bancada del Centro Democrático actuando bajo la legitimidad conferida por las victorias del plebiscito y de la presidencia, introdujo unas reformas a la JEP. La primera reforma está íntimamente ligada a la situación caótica que sobrevino después de la captura de Jesús Santrich por haber cometido delitos después de firmado el acuerdo. A la JEP no se le permitirá sobre las peticiones de extradición de situaciones ocurridas con posterioridad a la firma ni tampoco se les permitirá practicar pruebas. La segunda es que se obliga a que haya dentro de la JEP un procedimiento especial y diferenciado para los miembros de la fuerza pública.
Además, la Senadora Paloma Valencia dio a conocer que se cumplirá con lo prometido en campaña y que los acuerdos serán modificados. Asuntos como: la prohibición de participación en política de excombatientes antes de haber cumplido con sus condenas, la creación de una sala especial para juzgar a militares y policías y la asignación de curules para las víctimas inclusive a aquellas que hayan sido parte de las fuerzas militares, podrían revestir a la JEP de una legitimidad que hoy no tiene entre los miembros del país que no creen que pueda haber paz sin justicia.
La valentía de la Senadora Paloma no fue bien recibida por los miembros de la casa Santos especialmente por Martín Santos que en un acto de matoneo publicó un trino que decía: “RT masivo para que comunidad internacional sepa que esta mujer está sepultando proceso de paz que mundo entero apoyó”, y después lo transcribió en inglés como para ver si lo lee Donald Trump al que, a propósito, se le reportó haberle reclamado a Santos en una llamada en septiembre que él se preocupa más por los guerrilleros que por el pueblo estadounidense.
Publicado: junio 29 de 2018
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